Cofepris reconoce contaminación masiva en agua de consumo humano en el Río Sonora

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2020.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reconoció, a través de una carta enviada a los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), que tras nuevos muestreos realizados en 2020 el agua de consumo humano en los siete municipios del Río Sonora sigue contaminada masivamente con metales pesados –principalmente arsénico y plomo–, y que “representa un riesgo a la salud de la población”. Esto, en la misma región donde hace seis años ocurrió el derrame tóxico de Grupo México y cuya remediación sigue pendiente.

Sin embargo, a pesar de la evidencia, ni la Cofepris ni las demás dependencias responsables, como la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las autoridades de los siete municipios, han desarrollado acciones para alertar a la población y menos para dar solución inmediata a esta emergencia sanitaria, según denuncian los CCRS: “Mientras hacen planes y nuevos muestreos, mientras se lavan las manos entre instituciones, se nos va la vida. El Gobierno nos está dejando morir envenenados”, dice José Manuel López, habitante de San José de Baviácora.

Fechada el 11 de noviembre de 2020 y firmada por su titular, José Alonso Novelo Baeza, la carta de la Cofepris se dio en respuesta a una enviada por los CCRS a Hugo López-Gatell el pasado 19 de octubre, en la cual pedían al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal “respuestas consistentes y sin más demoras” ante las evidencias de pozos contaminados que salió a la luz en 2019.

La carta de la Cofepris habla de nuevos muestreos en 2020, con resultados aún más alarmantes sobre la contaminación del agua en la región. De acuerdo con el muestreo de marzo del presente año, el 98.28% de los 59 pozos y domicilios particulares estudiados rebasa los límites de arsénico y el 35.42% excede los de plomo, según la Norma Oficial Mexicana (NOM-127-SSA1-1994, modif. 2000), mientras que el muestreo del pasado julio, de 69 muestras entre pozos y domicilios particulares, incluyendo dos en Hermosillo, arroja que el 89.85% y el 57.81% del total excede las cantidades permitidas en la NOM de arsénico y plomo, respectivamente. “Si tomamos en cuenta los resultados del muestreo de agosto de 2019, en el que el 89.28% de los pozos rebasaba la NOM por concentración de arsénico y el 64.28% de plomo, tenemos un panorama desolador en el que el agua de uso y consumo humano está permanente y masivamente contaminada en la región”, afirma Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER.

De acuerdo a los datos de Cofepris, la mayoría de pozos y tomas domiciliarias analizadas en los siete municipios del Río Sonora en marzo y julio de 2020 muestran concentraciones de arsénico que rebasan la NOM. Foto: PODER

“De acuerdo con las Guías de Calidad del agua de la Organización Mundial de la Salud (4ed ed) (sic), la exposición a algunos agentes patógenos y elementos químicos a través del uso y consumo de agua de consumo humano puede producir enfermedades graves. Por lo cual la presencia de contaminantes en el agua de uso y consumo humano en concentraciones mayores a los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (modif.2000) representan un riesgo a la salud de la población”, menciona Novelo Baeza (Cofepris) en la carta, para más adelante concluir que, de acuerdo a la Constitución y a las atribuciones de los tres niveles de Gobierno, se ha notificado a las autoridades municipales y a la Conagua “para que lleven a cabo las acciones necesarias”. También menciona que están trabajando en una agenda “para dar soluciones” ante el riesgo que esto representa, pero nuevamente, como lo han hecho el subsecretario López-Gatell, antes otras autoridades federales y el mismo Andrés Manuel López Obrador, sin fechas ni plazos claros.

“Desde los Comités de Cuenca exigimos soluciones inmediatas –dice Francisca García, habitante de La Estancia (Aconchi)–. Que las autoridades federales y de Sonora hagan la parte que les corresponde y dejen de pasarse la bolita; que reubiquen los pozos y que instalen plantas potabilizadoras, siempre y cuando filtren metales pesados, tengan mantenimiento y funcionen adecuadamente. Y lo repetimos: que todo esto se haga con la participación de las personas afectadas. Nunca más un plan o una agenda sin nosotros.”

También señala la falta de posturas, en apoyo a los afectados, por parte de los municipios del Río Sonora, incluyendo a Hermosillo, los cuales “deben cumplir mínimamente con avisarnos sobre la contaminación, y con gestionar todos los procesos que nos garanticen vivir sin arsénico, plomo, y quien sabe cuántas otras cosas”.

Cabe anotar que los CCRS y PODER, a través de solicitudes de acceso a la información, ya habían pedido a la Cofepris los datos de nuevos muestreos realizados en 2020, y las autoridades de la misma Comisión negaron tener información al respecto.

“¿Qué tiene que pasar para que las autoridades hagan algo? Ahí están los datos, desde hace más de un año, desde hace seis años, tras el cochinero que dejó Grupo México, y ahora los datos nuevos que vienen a decirnos lo que ya sabemos: el agua que tomamos nos está envenenando y las autoridades no hacen nada concreto para evitarlo. La indiferencia de los tres niveles de Gobierno es la que nos va a matar”, concluye Ramón Miranda, integrante de los CCRS y habitante de Aconchi.

Carta al subsecretario Hugo López-Gatell

A continuación reproducimos la carta completa enviada por los Comités de Cuenca Río Sonora a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en respuesta a sus declaraciones del pasado 7 de octubre sobre la situación del Río Sonora.

Aconchi, Sonora
16 de octubre de 2020


Dr. Hugo López-Gatell Ramírez
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
Secretaría de Salud
Presente


Estimado Dr. López-Gatell:

Por medio de este escrito queremos saludarle cordialmente y agradecer su preocupación constante en atender los problemas de salud que aquejan a México. Desde agosto del 2014, mes en que la minera Buenavista del Cobre descargó millones de litros con metales pesados sobre el río Sonora, los Comités de Cuenca hemos levantado la voz para exigir que sea la salud, y no la enfermedad, la que cobije a nuestras familias.

El día miércoles 7 de octubre, durante el Informe Diario por Coronavirus, Arturo Contreras (reportero de Pie de Página) le hizo una pregunta acerca de los pozos contaminados con arsénico y plomo que tenemos a lo largo de los pueblos del río Sonora. El reportero mencionó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) había dejado de hacer estudios y preguntó si esta Comisión tiene en mente dar continuidad a los análisis, y naturalmente, hacer algo para atender la emergencia que cotidianamente enfrentamos.

En diciembre del 2019, funcionarios de la Cofepris y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se acercaron al río Sonora y nos hicieron saber que los pozos estaban contaminados; sin embargo, fue hasta que solicitamos la información a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) que pudimos acceder a datos sobre los niveles de metales pesados en el agua de los pozos, ver dónde están localizados algunos de ellos, y constatar la gravedad del problema. Tal situación es preocupante porque esa información debería haber sido de dominio público desde el principio, y son las instituciones quienes tienen la obligación de hacerla pública, no esperar a que los ciudadanos la soliciten a través de un trámite para darse cuenta de la realidad tan adversa que tenemos en el país. La contaminación de nuestras aguas no debería estar archivada.

→ Conoce más sobre el caso de los pozos contaminados en el Río Sonora

Durante seis años hemos vivido nuestra cotidianidad de manera desesperada, sin saber el origen de las enfermedades que cada vez más se presentan en las familias que habitan el río Sonora. Es necesario tener aliados que nos permitan saber el origen de estos malestares; aliados que tengan la capacidad de decir las cosas en voz alta, que propongan soluciones y marquen una agenda clara para la remediación de nuestro territorio.

Doctor López-Gatell, le agradecemos la empática respuesta que dio a nuestro problema la semana pasada; sin embargo, le pedimos también su compromiso y su acompañamiento para tener acuerdos claros, democráticos, calendarizados y participativos. Buscamos compromisos: que las autoridades nos informen oportunamente los hallazgos de sus muestreos, monitoreos e investigaciones, y que nos permitan participar en cualquier plan que se vaya a implementar para atender los graves problemas que nos afectan. Las dependencias de este gobierno se han empeñado en escuchar a los científicos o expertos en la materia, pero también queremos ser nosotras y nosotros quienes estemos al centro de la remediación, tal como hemos estado al centro de la afectación. Durante demasiado tiempo hemos sido ignorados.

Sabemos también, como usted lo dijo públicamente, que el gobierno pasado ocultó información, pero este gobierno lleva dos años más sin sacarla a la luz, sin fincar responsabilidades y sin atender el problema. El gobierno anterior simuló remediar el río, todo para conservar el poder y seguir enriqueciendo a quien tiene de sobra. Y aún así, este gobierno sigue sin hacer justicia. Es grave que cada vez que pedimos la información y acciones concretas, obtenemos un “pronto”, y la fecha nunca llega. Justo es lo que buscamos, respuestas concretas con fechas claras. Entendemos que la justicia en México es lenta, pero cuando juega con nuestra salud, también se vuelve agonizante.

Los planes de remediación original, propuestos en el 2014, incluían potabilizadoras que separaban metales pesados y que estarían financiadas por un Fideicomiso privado que sólo sirvió para dividirnos como comunidad, dejando un río igual de contraminado. Actualmente, estas plantas potabilizadoras siguen ahí, como fantasmas, sólo para recordarnos que la calidad del agua puede ser la que las empresas dicten. Hoy estamos pagando recibos de agua que mantienen en operación los pozos contaminados del río Sonora. El presidente López Obrador ha prometido devolver al pueblo lo robado, y a nosotros nos robaron la tranquilidad. Le pedimos amablemente, Dr. López-Gatell, que gestione la devolución de nuestra tranquilidad. En el río Sonora no tenemos apellidos elegantes, de esos que a veces suenan en las mañaneras, pero sí tenemos familias que sufren todos los días por un desastre acontecido hace seis años.

Bajo conocimiento de que los metales pesados son bioacumulables, estamos en una crisis de salud, pues han sido años de acumulación de sustancias químicas en nuestros cuerpos. Mientras tanto, se siguen vulnerando nuestros derechos a la salud y al agua. Vivimos una emergencia, y como tal, esperamos que las respuestas desde el Gobierno Federal sean consistentes y sin más demoras.

Le mandamos un saludo respetuoso,

Justicia, Remediación y No Repetición
Comités de Cuenca Río Sonora

Pozos contaminados

Estimados Comités de Cuenca del Río Sonora y habitantes de la cuenca:

En diciembre del 2019, José Antonio Novelo Baeza, titular de la COFEPRIS, y Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del INSABI, visitaron la región del río Sonora para conversar con las y los afectados del derrame de metales pesados ocasionado por Grupo México en el 2014.

Durante su visita, los funcionarios públicos reconocieron la existencia de una cantidad mayor de afectados en su salud que aquellos que la UVEAS contabilizó desde el momento del derrame. Además, mencionaron que la contaminación por metales pesados persiste hasta el día de hoy, haciendo necesaria una labor de remediación que garantice el derecho al agua limpia y a la salud de los habitantes de los ríos Sonora y Bacanuchi.

Ante la falta de interés en dar seguimiento a las declaraciones, y de informarnos a tiempo acerca de los resultados que fueron mencionados durante la visita, los Comités de Cuenca del Río Sonora, a través de la plataforma de Acceso a la Información, solicitamos los resultados del monitoreo de pozos.

Desde el inicio hemos abogado para que la información sea un derecho, y no un privilegio. Por ello, les compartimos los resultados de los pozos que, según los resultados que obtuvimos, exceden los límites permisibles de metales y metaloides en el agua que utilizamos cotidianamente. También anexamos algunas aclaraciones sobre estos límites:

Aclaraciones para una mejor comprensión sobre los límites permisibles de metales o metaloides en el agua para consumo humano.

Tabla obtenida a través de Solicitud de Acceso a la Información.
  • Hemos subrayado con amarillo aquellos pozos en dónde se detectaron niveles de concentración de metales superiores a la norma mexicana.
  • La ausencia de resultados de estos y otros metales en el pozo de tu localidad NO indica que el agua esté libre de metales. La ausencia se puede deber al método utilizado para tomar las muestras y NO debe tomarse como garantía de seguridad. Recordemos que nuestra intención es cambiar la norma mexicana para que se apegue a las directrices de la OMS y a a todas aquellas posturas que garanticen el máximo goce de nuestro derecho al agua limpia. La norma mexicana es MUY PERMISIBLE y no garantiza la seguridad de los habitantes.

La tabla que les compartimos fue modificada para hacerla más sencilla. Sin embargo, dejamos a su disposición nuestro correo electrónico en caso de que necesiten obtener el documento original: comitescuencariosonora@gmail.com

No queremos esperar a que los metales se sigan acumulando en nuestros cuerpos y territorios. Por ello, los Comités de Cuenca del Río Sonora seguiremos luchando para obtener agua de calidad, inocua, y apta para el consumo humano.

Atentamente:
Justicia, Remediación, y No Repetición

Segunda Sala de la Suprema Corte revoca amparo ganado por los Comités de Cuenca Río Sonora

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió hoy votar a favor del proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, que revoca un amparo ganado por los Comités de Cuenca Río Sonora relacionado a la clausura de dos pozos contaminados a raíz del derrame tóxico de Grupo México, en 2014.

Así como ignoramos qué motivó a la ministra Esquivel a usar su tiempo para hacer un proyecto que revierte lo ganado por las comunidades del Río Sonora en cuanto al reconocimiento de que existen pozos contaminados, también ignoramos qué consideraciones tomó en cuenta la Segunda Sala para votar a favor del proyecto.

Los Comités de Cuenca Río Sonora y PODER, como organización que ha acompañado a las comunidades de la región en la defensa de sus derechos, manifestamos que este fallo evidencia lo lejos que están quienes imparten justicia, de quienes viven en carne propia, y diariamente, las consecuencias de la contaminación de Grupo México.

Desde el 6 de agosto de 2014, la primera exigencia de las comunidades ha sido que se garantice el acceso al agua limpia y suficiente. Seis años después, ese derecho sigue siendo ignorado.

Los Comités de Cuenca hemos denunciado la situación de los pozos en el Río Sonora desde hace seis años, y en este último aniversario, hace unos pocos días, hemos insistido en el tema. La mayoría de pozos están abiertos, pocos se han clausurado. Incluso los que son materia del fallo de la Corte hoy: el de La Labor nunca fue cerrado, a pesar del amparo que ganamos, y en Sinoquipe la misma comunidad no permitió que se reabra el pozo. Tampoco hay, que sepamos, planes de saneamiento o de reubicación de esos y de los demás pozos. Es por eso que no confiamos en el agua que llega a nuestras casas; esa agua proviene de los pozos, muchos de los cuales están localizados a menos de 500 metros del Río Sonora.

El titular de la Cofepris, en diciembre de 2019, mencionó públicamente que se habían tomado muestreos a pozos de la región y confirmó que la contaminación persistía.

PODER tuvo acceso, a través de solicitudes de transparencia, de los resultados de esos muestreos: todas las muestras que contienen arsénico tienen valores por encima de los de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS); en el caso del plomo cerca del 80% de las muestras excede la referencia (el municipio de Hermosillo es el que en promedio tiene los valores más altos de arsénico y plomo). Y aunque las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son mucho más laxas que las internacionales, se encontró que 5 de las 44 muestras que tienen datos para plomo están por encima de la NOM en los municipios de Arizpe, Hermosillo y Ures, mientras que 48 de 54 muestras están por encima de la NOM en arsénico. Ambos metales, arsénico y plomo, son bioacumulables y representan un alto riesgo de salud, de acuerdo a la OMS. La Cofepris concluyó que deben hacerse muestreos en 2020. No sabemos si éstos se han realizado.

Por eso, más allá del fallo de la SCJN, y tomando en cuenta las evidencias recientes y el reconocimiento de la misma Cofepris sobre la presencia de concentraciones de metales pesados en el agua de los pozos del Río Sonora, sostenemos que no es posible apresurarse a reabrir pozos ni generar la “falsa seguridad” de que no hay contaminación en el agua para consumo humano y uso doméstico en el Río Sonora.

Es urgente que la Cofepris realice, lo antes posible, monitoreos de la calidad del agua de los pozos y que las comunidades tengan acceso completo y oportuno a los resultados de esos estudios. Y, de acuerdo a las conclusiones, esos pozos tendrían que ser reubicados o saneados, si es que sigue demostrándose la presencia de contaminación. No sólo apelamos a la Cofepris. Las tres instancias de gobierno están en la obligación de atender estas exigencias; las exhortamos a que estén a la altura de las circunstancias. Además, insistimos en que el proceso debe ser participativo y supervisado por las comunidades.

La lucha sigue, hasta lograr justicia en el Río Sonora, y garantías para la no repetición de la tragedia de 2014.

Hermosillo y Ciudad de México, 26 de agosto de 2020

Frente a seis años de promesas incumplidas, seis acciones urgentes para el Río Sonora

Frente a seis años de promesas incumplidas, seis acciones urgentes para el Río Sonora

Desde los ríos Sonora y Bacanuchi, sitios de lucha y dignidad en donde hace seis años Grupo México arrojó 40 millones de litros de metales pesados y no tuvimos ni remediación, ni justicia, ni posturas claras de las autoridades, elevamos la voz para expresar la indignación que atraviesan nuestros pueblos y reafirmamos la postura de seguir exigiendo un río seguro, limpio, y digno para sus habitantes.

Desde hace ya seis años, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) hemos exigido cuentas claras por parte de las autoridades y de la empresa minera de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, acerca del plan de remediación del río Sonora, y de las deudas que han quedado pendientes. No hemos descansado en nuestro esfuerzo por obtener una remediación integral de los ríos Sonora y Bacanuchi, y una garantía de no repetición lo suficientemente sólida, de forma que pueda revertir la desconfianza generada en las comunidades de la cuenca a raíz de la desatención a nuestros reclamos y necesidades. A seis años de iniciar la lucha, de escuchar promesas de todos los colores, y de esperar que con cada cambio de gobierno municipal, estatal y federal mejoren nuestras condiciones de vida, seguimos esperando que las palabras se materialicen en acciones concretas que favorezcan nuestros territorios.

Tras la falta de claridad de nuestras autoridades, hemos sido protagonistas y promoventes de diversas acciones legales. En el 2016 interpusimos el amparo contra la megapresa de jales de Grupo México, que culminó en 2018, cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganamos, por primera vez en la historia de México, el derecho a la participación en asuntos medioambientales para una población no indígena. También logramos, con éxito, la resolución del amparo en contra del cierre del Fideicomiso Río Sonora. La SCJN invalidó dicho cierre, ordenando a las autoridades demostrar que se cumplieron los propósitos del Fideicomiso, y que la población sea parte activa de dicho proceso. Actualmente esperamos respuesta sobre nuestros amparos relacionados con la calidad del agua, con la Zona Económica Especial Río Sonora, y con los temas de salud para todas y todos los habitantes de nuestros pueblos.

Sin embargo, de poco sirven las victorias legales si las autoridades nos visitan, nos hablan, y después nos olvidan, así como a sus palabras. Durante el último año, hemos recibido en nuestra casa a la Semarnat, a la Conagua, al Insabi, a la Secretaría de Salud, a la Cofepris, y a la Profepa. Los hemos escuchado atentamente y hemos tomado nota de todos los compromisos que han hecho con la gente del Río. Y ninguno ha cumplido. A ellos les decimos que no bastan los foros académicos, ni las reuniones públicas, ni los proyectos de investigación sin participación social. No basta que muestren empatía en el momento, ni que prometan que van a solucionar los problemas. Les hacemos un llamado a asumir con seriedad los desafíos de nuestras comunidades, a utilizar su voz para hacer eco de la nuestra, y a cumplir con todo aquello a lo que sus cargos los obligan.

A seis años del derrame, Grupo México está llenando una megapresa de jales con millones de litros de desechos de su actividad minera y pretende iniciar la construcción de un acueducto que le abastezca de agua para sus operaciones. A seis años del derrame, nuestros agricultores, en cambio, no consiguen ni un solo permiso para regar sus tierras ni para dar de beber a su ganado. A seis años, nuestras autoridades municipales y estatales han decidido no hablar, poniéndose en nuestra contra. A seis años, las 36 potabilizadoras necesarias para garantizar nuestro derecho al agua se encuentran tan abandonadas como las personas del río. A seis años, las y los habitantes del Río Sonora y Bacanuchi enfrentamos serios obstáculos para ver garantizado nuestro derecho a la salud, y el inmueble que nos dijeron sería destinado a la clínica de especialidades de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental del Estado de Sonora (UVEAS), sigue en obra negra.

Es por ello que continuamos alzando la voz, optando por llegar a acuerdos que se transformen en acciones a favor de las personas afectadas, y buscando todas las vías posibles para garantizar la tranquilidad de nuestra gente. Nosotras y nosotros también proponemos y exigimos ser escuchados.

Llamamos al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich, a dar una respuesta clara para los ríos Sonora y Bacanuchi y su gente. Exigimos participar en planes de acción con plazos y soluciones claras, concretas y expeditas para la contaminación del río, y para la reactivación económica del territorio, dejando de lado cualquier plan de favorecer a las empresas por encima de nosotras y nosotros.

A seis años del derrame, estas son las seis acciones urgentes que exigimos a la Semarnat, Conagua, Cofepris, Profepa, Secretaría de Salud, y a la Secretaría de Economía, desde los Comités de Cuenca del Río Sonora:

1. Garantizar el agua limpia y suficiente. Exigimos monitoreos independientes en todos los pozos y tener acceso completo a los resultados de esos monitoreos. También demandamos la reubicación de los pozos contaminados y la instalación, operación y mantenimiento de las potabilizadoras comprometidas a lo largo de todo el Río. Queremos que todo el proceso sea participativo y supervisado por las comunidades.

2. Asegurar nuestro derecho a la salud. Queremos estudios independientes y especializados a lo largo de todo el Río Sonora para evaluar nuestro estado de salud y los efectos de la contaminación en nuestro cuerpo. Exigimos total acceso a los resultados de estos estudios. Demandamos que se construya la clínica de especialidades en Ures, pero también que se expanda la atención médica especializada a toda la cuenca, incluyendo a las comunidades más alejadas de Hermosillo, como Bacanuchi.

3. Reactivar la economía desde abajo. Exigimos participar, junto con las autoridades, en el diseño de un programa completo para recuperar el valor de todo lo que se produce en la región. Queremos seguridad laboral y respeto a las actividades que desarrollamos, como el trabajo del campo; que se rehabiliten las tierras y que se nos asegure que están libres de metales pesados. Demandamos que se preste especial atención a las actividades primarias de la región y a la vocación agrícola, ganadera, de comercio y de turismo comunitario del Río Sonora.

4. Dejar de privilegiar a las mineras sobre las comunidades. Demandamos que se vigile fuertemente la actividad minera y que se frene a toda costa la sobreexplotación de los recursos naturales, especialmente del agua, que las empresas están realizando en la región. Exigimos que las autoridades hagan su trabajo y gobiernen para la gente, no para las empresas, y que no dejen en manos de las mineras la solución de los problemas públicos. Las comunidades tenemos derecho a participar y decidir frente a nuevos proyectos mineros o a la expansión de los mismos.

5. Participar para decidir el rumbo del Fideicomiso Río Sonora. A raíz de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperamos trabajar con las autoridades en un plan claro para implementar y asegurar la remediación ambiental en toda la región, y que el Fideicomiso se mantenga abierto hasta que haya cumplido con lo que prometió. Además, exigimos que se transparenten los recursos del Fideicomiso y se castigue a los culpables en el caso de desvío o mal uso de esos recursos.

6. Cancelar la presa de jales de Grupo México. Exigimos acceso a la información y transparencia total sobre las inspecciones de la Profepa a la presa de jales de Grupo México, que las autoridades nos prometieron hace más de un año. Demandamos que se cancele la megapresa, cuya construcción violó nuestro derecho a la participación y cuya presencia en la región llena de angustia y temor a las comunidades.

Al presidente, a la gobernadora, y a todas las instituciones que han venido a hacer promesas a nuestro territorio, les decimos que la omisión de sus obligaciones es una negación de nuestro futuro. El silencio, la ausencia de acciones efectivas, y la falta de compromiso de las autoridades constituye un violación a nuestros derechos humanos, a nuestra seguridad hídrica, y a la vida que hemos construido en la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi.

A seis años de vivir esta tragedia,
demandamos seis acciones urgentes para el Río.
¡No puede pasar más tiempo!


Justicia, remediación y no repetición

Comités de Cuenca Río Sonora
5 de agosto de 2020

Cronología de la impunidad: #RíoSonora6

En estos seis años que llevamos de lucha, la justicia sigue sin llegar porque se ha desvanecido en promesas incumplidas, tanto de los gobiernos como de Grupo México.

Las comunidades del Río Sonora tenemos memoria y hemos reunido en esta línea de tiempo todo lo que ha pasado en estos años: las promesas que seguimos esperando a que se cumplan, los personajes involucrados y sus dichos, y los logros de nuestra lucha como Comités de Cuenca.

Descarga la cronología de la impunidad haciendo clic en la imagen.

La atención médica en Bacanuchi es un logro de las mujeres organizadas

El pasado 6 de junio, funcionarios de la Secretaría de Salud de Sonora y el Ayuntamiento de Arizpe, acompañados por personal de la empresa Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, realizaron un acto público en Bacanuchi para anunciar la llegada de una doctora que prestará atención permanente a la comunidad, y la reapertura del Centro de Salud de Bacanuchi.

La llegada de la atención médica a Bacanuchi es un logro de las mujeres organizadas de la comunidad, no de los gobiernos ni de Grupo México, una empresa que aún no repara los daños del derrame tóxico que causó hace seis años. La salud para Bacanuchi ha sido una exigencia de la comunidad desde hace más de tres años a la que el Estado debió dar atención de inmediato. El hecho de que se pueda contar con servicio médico es fruto de la lucha de las mujeres, madres de familia que, como representantes legales de sus niños, no descansaron hasta llevar el caso a los tribunales, en plena emergencia sanitaria por COVID-19. Este también es un logro de las organizaciones de la sociedad civil y personas que acompañaron el caso, y que levantaron su voz en apoyo a esta lucha.

Afortunadamente, la justicia tomó cartas en el asunto y ordenó la inmediata acción de las autoridades para llevar atención médica permanente que beneficiará a toda la comunidad. Sin embargo, en el acto del pasado 6 de junio, estas autoridades trataron de convertir la noticia de la llegada de la doctora en un logro propio, en un acto de propaganda y de oportunismo para favorecer su imagen y la de Grupo México.

La salud es un derecho, no una dádiva. Del Gobierno esperamos que cumpla con su deber, que es garantizar nuestro derecho a la salud en condiciones de vida dignas, y que se comprometa a mantener la atención médica en Bacanuchi sin trabas y sin restricciones. De las empresas, en este caso, de Grupo México, esperamos que cumpla con la reparación integral de los daños y con la rendición de cuentas que aún debe. Porque recordemos que a casi seis años del derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi y de las graves afectaciones que causó en nuestras comunidades, poco ha cambiado. Seguimos esperando y exigiendo acceso pleno al agua limpia, atención a la salud, reactivación económica. Eso no se puede comprar con actos de propaganda.

¡Saludamos el triunfo de las mujeres de Bacanuchi y de toda la comunidad!

Firman: Mujeres integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora

Bacanuchi, 9 de junio de 2020

Tribunal dicta medidas urgentes para garantizar la atención médica a los niños de Bacanuchi, en el Río Sonora

Hermosillo, 25 de mayo de 2020.- El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Hermosillo dictó medidas favorables a Bacanuchi, en el Río Sonora, para resolver de manera urgente la falta de atención médica en la comunidad, como respuesta al juicio de amparo promovido por seis niños, de entre nueve y doce años de edad, y sus madres, como sus representantes legales.

En el amparo se alegan violaciones al derecho a la salud, a los derechos de la infancia, al derecho a la información, y al derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, en relación con los derechos a la movilidad y a la vivienda; además, se resalta la existencia de violaciones derivadas de medidas regresivas del Estado mexicano.

Bacanuchi, en el municipio de Arizpe, de alrededor de 200 habitantes , contaba con un Centro de Salud Rural que había operado desde 2002, aproximadamente. Sin embargo, hace tres años, las autoridades cerraron el Centro de Salud sin explicaciones. Desde entonces, las y los habitantes de la comunidad se ven obligados a automedicarse, o a trasladarse por dos o tres horas (dependiendo del estado del camino) a Cananea o Arizpe para obtener atención médica básica. De acuerdo con sus testimonios, estos viajes pueden costar entre $1,300 y $4,500 pesos, tomando en cuenta los gastos de gasolina, hospedaje y medicinas.

Los niños y sus madres, con el acompañamiento jurídico de PODER, presentaron el amparo el 7 de mayo pasado, tras no recibir una respuesta satisfactoria a sus demandas en la Secretaría de Salud del estado y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). En el escrito del juicio se solicitaba la suspensión de plano a favor de todos los niños para que pudiesen contar con servicio médico en la propia comunidad y abasto de medicamentos.

El amparo fue interpuesto en contra de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, la Gobernadora del Estado de Sonora, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Tres, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Ayuntamiento de Arizpe, el Director General de Transporte Público del Estado de Sonora, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Junta de Caminos del Estado de Sonora y, a reserva de poder contar con mayor información, la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora.

Si bien el juicio fue admitido a trámite, previo a la admisión el Juzgado decretó la suspensión de plano a favor de uno solo de los niños. La parte quejosa interpuso un recurso para que se incorporara a los demás niños a la suspensión, insistiendo en que la prestación de servicio médico debe ser en la propia comunidad y subrayando las dificultades en los traslados.

Al resolver el recurso, el 15 de mayo pasado, el Primer Tribunal Colegiado amplió la suspensión a los otros niños promoventes y dictó medidas para proveer atención médica integral a los niños en Bacanuchi, inclusive mediante el envío de una unidad móvil a la comunidad. También precisó que si los niños llegaran a presentar padecimientos que requieran tratamientos más complejos, deben ser trasladados con el máximo cuidado a las instalaciones de salud pública más cercanas y brindarles los medicamentos correspondientes. Asimismo, subrayó que el Ayuntamiento de Arizpe debe proporcionar transporte gratuito a los niños que requieran ser trasladados.

El Tribunal indicó también que las medidas dictadas benefician a toda la comunidad, puesto que de acuerdo al derecho a la salud no se podría limitar el servicio médico únicamente a los niños que presentaron el amparo.

A pesar de que la suspensión fue dictada con carácter de urgente, al día de hoy las y los habitantes de Bacanuchi siguen esperando el cabal cumplimiento de estas medidas.

Bacanuchi es conocida por llevar adelante una lucha por sus derechos frente al gigante de la minería, Grupo México, desde que la comunidad fue seriamente afectada por el derrame tóxico en el 2014 y por la construcción de la nueva presa de jales de la minera, a partir de 2016. Es también la comunidad a favor de la cual falló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la nueva presa en septiembre de 2018, por la violación a su derecho a participar y con ello inició un proceso de diálogo con las autoridades ambientales. Muchos de sus habitantes participan activamente en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).

SCJN confirma que convenio de extinción de Fideicomiso Río Sonora queda sin efecto; se abre camino para la remediación ambiental

  • “Se violó el derecho a la participación”, señalan ministros por unanimidad. Disponen reunión pública de información.
  • Las autoridades deberán escuchar a las afectadas y emitir nuevas recomendaciones sobre la remediación ambiental.

Ciudad de México, 30 de marzo de 2020.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo público el engrose de la sentencia del asunto 640/2019 relativo a la extinción del Fideicomiso Río Sonora y la conclusión del programa de remediación ambiental. Gracias al documento se puede confirmar que el máximo tribunal dejó sin efecto el convenio de extinción del Fideicomiso, mecanismo que, para las comunidades afectadas por el derrame tóxico de Grupo México en 2014, se cerró unilateralmente sin haber cumplido con el proceso de remediación y reparación de los daños. La SCJN determinó que, mientras no se implemente un proceso de participación de las representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora, firmantes del amparo, y estas no queden conformes con la remediación, el Fideicomiso no puede cerrarse.

 La SCJN reconoció que Grupo México y las autoridades debieron consultar y dar participación a las personas afectadas.

En la sentencia, la SCJN reconoce que las autoridades ambientales y la empresa Buenavista del Cobre (Grupo México), como firmantes del Convenio que dio paso al Fideicomiso, debieron consultar y dar participación a la parte quejosa –en este caso, personas afectadas firmantes del amparo, representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora– antes de la creación de este mecanismo y de la aprobación de los programas de remediación. Además, las afectadas debieron ser consultadas antes de dar por cumplidas las medidas correctivas, y previamente a concluir que el Fideicomiso cumplió su cometido y decidir su extinción. El no haberlo hecho, “viola el derecho de los demandantes a participar de manera informada en aquellos asuntos que pudieran afectar su derecho al medio ambiente sano”, se lee en la sentencia.

La Corte dispuso la realización de una reunión pública de información, en la cual, entre otras cosas, debe explicarse a las afectadas las medidas de remediación realizadas en su momento por el Fideicomiso, y darles oportunidad de manifestar su conformidad o inconformidad, así como la posibilidad de proponer otras medidas, y desahogar y valorar pruebas. En dicha reunión las autoridades también deberán explicar cómo fue que se cercioraron de que los fines del Fideicomiso se cumplieron y dar oportunidad a las afectadas de manifestarse al respecto. Una vez hecho esto, “y habiendo escuchado también a las empresas responsables del derrame, las autoridades competentes deberán emitir una nueva determinación respecto del cumplimiento de las medidas correctivas”, señala la SCJN.

La Corte dispuso la realización de una reunión pública de información, en la cual deberán explicarse las medidas de remediación realizadas por el Fideicomiso.

Elba Nidia Aguirre, representante de los Comités de Cuenca Río Sonora y firmante del amparo, está contenta por la sentencia de la SCJN, pero añade: “Ya no queremos promesas. Exigimos resultados. Queremos que nos demuestren qué medidas se tomaron para la remediación integral del río y el medio ambiente. Que nos demuestren que el territorio está seguro para todos los habitantes del Río Sonora; que nos expliquen de qué manera se hicieron las pruebas y quién las hizo, para que vivamos tranquilos. Además de todo esto, hay mucha incertidumbre, y esta incertidumbre también está enfermando a las personas del Río Sonora”.

La sentencia no detalla tiempos y formas para llevar adelante este proceso. Al respecto, Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, señala que “esperamos que se garantice la participación con plazos adecuados y apegada a los estándares más altos, es decir, que sea libre, activa, significativa y con acceso a toda la información pertinente de forma culturalmente adecuada. Las autoridades deberán realmente tomar en cuenta las necesidades de las comunidades e implementar todos los pasos necesarios en aras de la protección del medio ambiente y la salud, respetando la participación efectiva de las mismas. Esta es una oportunidad única para traer la tan ansiada justicia al Río Sonora”.