Segunda Sala de la Suprema Corte revoca amparo ganado por los Comités de Cuenca Río Sonora

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió hoy votar a favor del proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, que revoca un amparo ganado por los Comités de Cuenca Río Sonora relacionado a la clausura de dos pozos contaminados a raíz del derrame tóxico de Grupo México, en 2014.

Así como ignoramos qué motivó a la ministra Esquivel a usar su tiempo para hacer un proyecto que revierte lo ganado por las comunidades del Río Sonora en cuanto al reconocimiento de que existen pozos contaminados, también ignoramos qué consideraciones tomó en cuenta la Segunda Sala para votar a favor del proyecto.

Los Comités de Cuenca Río Sonora y PODER, como organización que ha acompañado a las comunidades de la región en la defensa de sus derechos, manifestamos que este fallo evidencia lo lejos que están quienes imparten justicia, de quienes viven en carne propia, y diariamente, las consecuencias de la contaminación de Grupo México.

Desde el 6 de agosto de 2014, la primera exigencia de las comunidades ha sido que se garantice el acceso al agua limpia y suficiente. Seis años después, ese derecho sigue siendo ignorado.

Los Comités de Cuenca hemos denunciado la situación de los pozos en el Río Sonora desde hace seis años, y en este último aniversario, hace unos pocos días, hemos insistido en el tema. La mayoría de pozos están abiertos, pocos se han clausurado. Incluso los que son materia del fallo de la Corte hoy: el de La Labor nunca fue cerrado, a pesar del amparo que ganamos, y en Sinoquipe la misma comunidad no permitió que se reabra el pozo. Tampoco hay, que sepamos, planes de saneamiento o de reubicación de esos y de los demás pozos. Es por eso que no confiamos en el agua que llega a nuestras casas; esa agua proviene de los pozos, muchos de los cuales están localizados a menos de 500 metros del Río Sonora.

El titular de la Cofepris, en diciembre de 2019, mencionó públicamente que se habían tomado muestreos a pozos de la región y confirmó que la contaminación persistía.

PODER tuvo acceso, a través de solicitudes de transparencia, de los resultados de esos muestreos: todas las muestras que contienen arsénico tienen valores por encima de los de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS); en el caso del plomo cerca del 80% de las muestras excede la referencia (el municipio de Hermosillo es el que en promedio tiene los valores más altos de arsénico y plomo). Y aunque las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son mucho más laxas que las internacionales, se encontró que 5 de las 44 muestras que tienen datos para plomo están por encima de la NOM en los municipios de Arizpe, Hermosillo y Ures, mientras que 48 de 54 muestras están por encima de la NOM en arsénico. Ambos metales, arsénico y plomo, son bioacumulables y representan un alto riesgo de salud, de acuerdo a la OMS. La Cofepris concluyó que deben hacerse muestreos en 2020. No sabemos si éstos se han realizado.

Por eso, más allá del fallo de la SCJN, y tomando en cuenta las evidencias recientes y el reconocimiento de la misma Cofepris sobre la presencia de concentraciones de metales pesados en el agua de los pozos del Río Sonora, sostenemos que no es posible apresurarse a reabrir pozos ni generar la “falsa seguridad” de que no hay contaminación en el agua para consumo humano y uso doméstico en el Río Sonora.

Es urgente que la Cofepris realice, lo antes posible, monitoreos de la calidad del agua de los pozos y que las comunidades tengan acceso completo y oportuno a los resultados de esos estudios. Y, de acuerdo a las conclusiones, esos pozos tendrían que ser reubicados o saneados, si es que sigue demostrándose la presencia de contaminación. No sólo apelamos a la Cofepris. Las tres instancias de gobierno están en la obligación de atender estas exigencias; las exhortamos a que estén a la altura de las circunstancias. Además, insistimos en que el proceso debe ser participativo y supervisado por las comunidades.

La lucha sigue, hasta lograr justicia en el Río Sonora, y garantías para la no repetición de la tragedia de 2014.

Hermosillo y Ciudad de México, 26 de agosto de 2020

Frente a seis años de promesas incumplidas, seis acciones urgentes para el Río Sonora

Frente a seis años de promesas incumplidas, seis acciones urgentes para el Río Sonora

Desde los ríos Sonora y Bacanuchi, sitios de lucha y dignidad en donde hace seis años Grupo México arrojó 40 millones de litros de metales pesados y no tuvimos ni remediación, ni justicia, ni posturas claras de las autoridades, elevamos la voz para expresar la indignación que atraviesan nuestros pueblos y reafirmamos la postura de seguir exigiendo un río seguro, limpio, y digno para sus habitantes.

Desde hace ya seis años, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) hemos exigido cuentas claras por parte de las autoridades y de la empresa minera de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, acerca del plan de remediación del río Sonora, y de las deudas que han quedado pendientes. No hemos descansado en nuestro esfuerzo por obtener una remediación integral de los ríos Sonora y Bacanuchi, y una garantía de no repetición lo suficientemente sólida, de forma que pueda revertir la desconfianza generada en las comunidades de la cuenca a raíz de la desatención a nuestros reclamos y necesidades. A seis años de iniciar la lucha, de escuchar promesas de todos los colores, y de esperar que con cada cambio de gobierno municipal, estatal y federal mejoren nuestras condiciones de vida, seguimos esperando que las palabras se materialicen en acciones concretas que favorezcan nuestros territorios.

Tras la falta de claridad de nuestras autoridades, hemos sido protagonistas y promoventes de diversas acciones legales. En el 2016 interpusimos el amparo contra la megapresa de jales de Grupo México, que culminó en 2018, cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganamos, por primera vez en la historia de México, el derecho a la participación en asuntos medioambientales para una población no indígena. También logramos, con éxito, la resolución del amparo en contra del cierre del Fideicomiso Río Sonora. La SCJN invalidó dicho cierre, ordenando a las autoridades demostrar que se cumplieron los propósitos del Fideicomiso, y que la población sea parte activa de dicho proceso. Actualmente esperamos respuesta sobre nuestros amparos relacionados con la calidad del agua, con la Zona Económica Especial Río Sonora, y con los temas de salud para todas y todos los habitantes de nuestros pueblos.

Sin embargo, de poco sirven las victorias legales si las autoridades nos visitan, nos hablan, y después nos olvidan, así como a sus palabras. Durante el último año, hemos recibido en nuestra casa a la Semarnat, a la Conagua, al Insabi, a la Secretaría de Salud, a la Cofepris, y a la Profepa. Los hemos escuchado atentamente y hemos tomado nota de todos los compromisos que han hecho con la gente del Río. Y ninguno ha cumplido. A ellos les decimos que no bastan los foros académicos, ni las reuniones públicas, ni los proyectos de investigación sin participación social. No basta que muestren empatía en el momento, ni que prometan que van a solucionar los problemas. Les hacemos un llamado a asumir con seriedad los desafíos de nuestras comunidades, a utilizar su voz para hacer eco de la nuestra, y a cumplir con todo aquello a lo que sus cargos los obligan.

A seis años del derrame, Grupo México está llenando una megapresa de jales con millones de litros de desechos de su actividad minera y pretende iniciar la construcción de un acueducto que le abastezca de agua para sus operaciones. A seis años del derrame, nuestros agricultores, en cambio, no consiguen ni un solo permiso para regar sus tierras ni para dar de beber a su ganado. A seis años, nuestras autoridades municipales y estatales han decidido no hablar, poniéndose en nuestra contra. A seis años, las 36 potabilizadoras necesarias para garantizar nuestro derecho al agua se encuentran tan abandonadas como las personas del río. A seis años, las y los habitantes del Río Sonora y Bacanuchi enfrentamos serios obstáculos para ver garantizado nuestro derecho a la salud, y el inmueble que nos dijeron sería destinado a la clínica de especialidades de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental del Estado de Sonora (UVEAS), sigue en obra negra.

Es por ello que continuamos alzando la voz, optando por llegar a acuerdos que se transformen en acciones a favor de las personas afectadas, y buscando todas las vías posibles para garantizar la tranquilidad de nuestra gente. Nosotras y nosotros también proponemos y exigimos ser escuchados.

Llamamos al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich, a dar una respuesta clara para los ríos Sonora y Bacanuchi y su gente. Exigimos participar en planes de acción con plazos y soluciones claras, concretas y expeditas para la contaminación del río, y para la reactivación económica del territorio, dejando de lado cualquier plan de favorecer a las empresas por encima de nosotras y nosotros.

A seis años del derrame, estas son las seis acciones urgentes que exigimos a la Semarnat, Conagua, Cofepris, Profepa, Secretaría de Salud, y a la Secretaría de Economía, desde los Comités de Cuenca del Río Sonora:

1. Garantizar el agua limpia y suficiente. Exigimos monitoreos independientes en todos los pozos y tener acceso completo a los resultados de esos monitoreos. También demandamos la reubicación de los pozos contaminados y la instalación, operación y mantenimiento de las potabilizadoras comprometidas a lo largo de todo el Río. Queremos que todo el proceso sea participativo y supervisado por las comunidades.

2. Asegurar nuestro derecho a la salud. Queremos estudios independientes y especializados a lo largo de todo el Río Sonora para evaluar nuestro estado de salud y los efectos de la contaminación en nuestro cuerpo. Exigimos total acceso a los resultados de estos estudios. Demandamos que se construya la clínica de especialidades en Ures, pero también que se expanda la atención médica especializada a toda la cuenca, incluyendo a las comunidades más alejadas de Hermosillo, como Bacanuchi.

3. Reactivar la economía desde abajo. Exigimos participar, junto con las autoridades, en el diseño de un programa completo para recuperar el valor de todo lo que se produce en la región. Queremos seguridad laboral y respeto a las actividades que desarrollamos, como el trabajo del campo; que se rehabiliten las tierras y que se nos asegure que están libres de metales pesados. Demandamos que se preste especial atención a las actividades primarias de la región y a la vocación agrícola, ganadera, de comercio y de turismo comunitario del Río Sonora.

4. Dejar de privilegiar a las mineras sobre las comunidades. Demandamos que se vigile fuertemente la actividad minera y que se frene a toda costa la sobreexplotación de los recursos naturales, especialmente del agua, que las empresas están realizando en la región. Exigimos que las autoridades hagan su trabajo y gobiernen para la gente, no para las empresas, y que no dejen en manos de las mineras la solución de los problemas públicos. Las comunidades tenemos derecho a participar y decidir frente a nuevos proyectos mineros o a la expansión de los mismos.

5. Participar para decidir el rumbo del Fideicomiso Río Sonora. A raíz de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperamos trabajar con las autoridades en un plan claro para implementar y asegurar la remediación ambiental en toda la región, y que el Fideicomiso se mantenga abierto hasta que haya cumplido con lo que prometió. Además, exigimos que se transparenten los recursos del Fideicomiso y se castigue a los culpables en el caso de desvío o mal uso de esos recursos.

6. Cancelar la presa de jales de Grupo México. Exigimos acceso a la información y transparencia total sobre las inspecciones de la Profepa a la presa de jales de Grupo México, que las autoridades nos prometieron hace más de un año. Demandamos que se cancele la megapresa, cuya construcción violó nuestro derecho a la participación y cuya presencia en la región llena de angustia y temor a las comunidades.

Al presidente, a la gobernadora, y a todas las instituciones que han venido a hacer promesas a nuestro territorio, les decimos que la omisión de sus obligaciones es una negación de nuestro futuro. El silencio, la ausencia de acciones efectivas, y la falta de compromiso de las autoridades constituye un violación a nuestros derechos humanos, a nuestra seguridad hídrica, y a la vida que hemos construido en la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi.

A seis años de vivir esta tragedia,
demandamos seis acciones urgentes para el Río.
¡No puede pasar más tiempo!


Justicia, remediación y no repetición

Comités de Cuenca Río Sonora
5 de agosto de 2020

Cronología de la impunidad: #RíoSonora6

En estos seis años que llevamos de lucha, la justicia sigue sin llegar porque se ha desvanecido en promesas incumplidas, tanto de los gobiernos como de Grupo México.

Las comunidades del Río Sonora tenemos memoria y hemos reunido en esta línea de tiempo todo lo que ha pasado en estos años: las promesas que seguimos esperando a que se cumplan, los personajes involucrados y sus dichos, y los logros de nuestra lucha como Comités de Cuenca.

Descarga la cronología de la impunidad haciendo clic en la imagen.

La atención médica en Bacanuchi es un logro de las mujeres organizadas

El pasado 6 de junio, funcionarios de la Secretaría de Salud de Sonora y el Ayuntamiento de Arizpe, acompañados por personal de la empresa Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, realizaron un acto público en Bacanuchi para anunciar la llegada de una doctora que prestará atención permanente a la comunidad, y la reapertura del Centro de Salud de Bacanuchi.

La llegada de la atención médica a Bacanuchi es un logro de las mujeres organizadas de la comunidad, no de los gobiernos ni de Grupo México, una empresa que aún no repara los daños del derrame tóxico que causó hace seis años. La salud para Bacanuchi ha sido una exigencia de la comunidad desde hace más de tres años a la que el Estado debió dar atención de inmediato. El hecho de que se pueda contar con servicio médico es fruto de la lucha de las mujeres, madres de familia que, como representantes legales de sus niños, no descansaron hasta llevar el caso a los tribunales, en plena emergencia sanitaria por COVID-19. Este también es un logro de las organizaciones de la sociedad civil y personas que acompañaron el caso, y que levantaron su voz en apoyo a esta lucha.

Afortunadamente, la justicia tomó cartas en el asunto y ordenó la inmediata acción de las autoridades para llevar atención médica permanente que beneficiará a toda la comunidad. Sin embargo, en el acto del pasado 6 de junio, estas autoridades trataron de convertir la noticia de la llegada de la doctora en un logro propio, en un acto de propaganda y de oportunismo para favorecer su imagen y la de Grupo México.

La salud es un derecho, no una dádiva. Del Gobierno esperamos que cumpla con su deber, que es garantizar nuestro derecho a la salud en condiciones de vida dignas, y que se comprometa a mantener la atención médica en Bacanuchi sin trabas y sin restricciones. De las empresas, en este caso, de Grupo México, esperamos que cumpla con la reparación integral de los daños y con la rendición de cuentas que aún debe. Porque recordemos que a casi seis años del derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi y de las graves afectaciones que causó en nuestras comunidades, poco ha cambiado. Seguimos esperando y exigiendo acceso pleno al agua limpia, atención a la salud, reactivación económica. Eso no se puede comprar con actos de propaganda.

¡Saludamos el triunfo de las mujeres de Bacanuchi y de toda la comunidad!

Firman: Mujeres integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora

Bacanuchi, 9 de junio de 2020

Tribunal dicta medidas urgentes para garantizar la atención médica a los niños de Bacanuchi, en el Río Sonora

Hermosillo, 25 de mayo de 2020.- El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Hermosillo dictó medidas favorables a Bacanuchi, en el Río Sonora, para resolver de manera urgente la falta de atención médica en la comunidad, como respuesta al juicio de amparo promovido por seis niños, de entre nueve y doce años de edad, y sus madres, como sus representantes legales.

En el amparo se alegan violaciones al derecho a la salud, a los derechos de la infancia, al derecho a la información, y al derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, en relación con los derechos a la movilidad y a la vivienda; además, se resalta la existencia de violaciones derivadas de medidas regresivas del Estado mexicano.

Bacanuchi, en el municipio de Arizpe, de alrededor de 200 habitantes , contaba con un Centro de Salud Rural que había operado desde 2002, aproximadamente. Sin embargo, hace tres años, las autoridades cerraron el Centro de Salud sin explicaciones. Desde entonces, las y los habitantes de la comunidad se ven obligados a automedicarse, o a trasladarse por dos o tres horas (dependiendo del estado del camino) a Cananea o Arizpe para obtener atención médica básica. De acuerdo con sus testimonios, estos viajes pueden costar entre $1,300 y $4,500 pesos, tomando en cuenta los gastos de gasolina, hospedaje y medicinas.

Los niños y sus madres, con el acompañamiento jurídico de PODER, presentaron el amparo el 7 de mayo pasado, tras no recibir una respuesta satisfactoria a sus demandas en la Secretaría de Salud del estado y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). En el escrito del juicio se solicitaba la suspensión de plano a favor de todos los niños para que pudiesen contar con servicio médico en la propia comunidad y abasto de medicamentos.

El amparo fue interpuesto en contra de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, la Gobernadora del Estado de Sonora, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Tres, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Ayuntamiento de Arizpe, el Director General de Transporte Público del Estado de Sonora, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Junta de Caminos del Estado de Sonora y, a reserva de poder contar con mayor información, la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora.

Si bien el juicio fue admitido a trámite, previo a la admisión el Juzgado decretó la suspensión de plano a favor de uno solo de los niños. La parte quejosa interpuso un recurso para que se incorporara a los demás niños a la suspensión, insistiendo en que la prestación de servicio médico debe ser en la propia comunidad y subrayando las dificultades en los traslados.

Al resolver el recurso, el 15 de mayo pasado, el Primer Tribunal Colegiado amplió la suspensión a los otros niños promoventes y dictó medidas para proveer atención médica integral a los niños en Bacanuchi, inclusive mediante el envío de una unidad móvil a la comunidad. También precisó que si los niños llegaran a presentar padecimientos que requieran tratamientos más complejos, deben ser trasladados con el máximo cuidado a las instalaciones de salud pública más cercanas y brindarles los medicamentos correspondientes. Asimismo, subrayó que el Ayuntamiento de Arizpe debe proporcionar transporte gratuito a los niños que requieran ser trasladados.

El Tribunal indicó también que las medidas dictadas benefician a toda la comunidad, puesto que de acuerdo al derecho a la salud no se podría limitar el servicio médico únicamente a los niños que presentaron el amparo.

A pesar de que la suspensión fue dictada con carácter de urgente, al día de hoy las y los habitantes de Bacanuchi siguen esperando el cabal cumplimiento de estas medidas.

Bacanuchi es conocida por llevar adelante una lucha por sus derechos frente al gigante de la minería, Grupo México, desde que la comunidad fue seriamente afectada por el derrame tóxico en el 2014 y por la construcción de la nueva presa de jales de la minera, a partir de 2016. Es también la comunidad a favor de la cual falló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la nueva presa en septiembre de 2018, por la violación a su derecho a participar y con ello inició un proceso de diálogo con las autoridades ambientales. Muchos de sus habitantes participan activamente en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).

SCJN confirma que convenio de extinción de Fideicomiso Río Sonora queda sin efecto; se abre camino para la remediación ambiental

  • “Se violó el derecho a la participación”, señalan ministros por unanimidad. Disponen reunión pública de información.
  • Las autoridades deberán escuchar a las afectadas y emitir nuevas recomendaciones sobre la remediación ambiental.

Ciudad de México, 30 de marzo de 2020.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo público el engrose de la sentencia del asunto 640/2019 relativo a la extinción del Fideicomiso Río Sonora y la conclusión del programa de remediación ambiental. Gracias al documento se puede confirmar que el máximo tribunal dejó sin efecto el convenio de extinción del Fideicomiso, mecanismo que, para las comunidades afectadas por el derrame tóxico de Grupo México en 2014, se cerró unilateralmente sin haber cumplido con el proceso de remediación y reparación de los daños. La SCJN determinó que, mientras no se implemente un proceso de participación de las representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora, firmantes del amparo, y estas no queden conformes con la remediación, el Fideicomiso no puede cerrarse.

 La SCJN reconoció que Grupo México y las autoridades debieron consultar y dar participación a las personas afectadas.

En la sentencia, la SCJN reconoce que las autoridades ambientales y la empresa Buenavista del Cobre (Grupo México), como firmantes del Convenio que dio paso al Fideicomiso, debieron consultar y dar participación a la parte quejosa –en este caso, personas afectadas firmantes del amparo, representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora– antes de la creación de este mecanismo y de la aprobación de los programas de remediación. Además, las afectadas debieron ser consultadas antes de dar por cumplidas las medidas correctivas, y previamente a concluir que el Fideicomiso cumplió su cometido y decidir su extinción. El no haberlo hecho, “viola el derecho de los demandantes a participar de manera informada en aquellos asuntos que pudieran afectar su derecho al medio ambiente sano”, se lee en la sentencia.

La Corte dispuso la realización de una reunión pública de información, en la cual, entre otras cosas, debe explicarse a las afectadas las medidas de remediación realizadas en su momento por el Fideicomiso, y darles oportunidad de manifestar su conformidad o inconformidad, así como la posibilidad de proponer otras medidas, y desahogar y valorar pruebas. En dicha reunión las autoridades también deberán explicar cómo fue que se cercioraron de que los fines del Fideicomiso se cumplieron y dar oportunidad a las afectadas de manifestarse al respecto. Una vez hecho esto, “y habiendo escuchado también a las empresas responsables del derrame, las autoridades competentes deberán emitir una nueva determinación respecto del cumplimiento de las medidas correctivas”, señala la SCJN.

La Corte dispuso la realización de una reunión pública de información, en la cual deberán explicarse las medidas de remediación realizadas por el Fideicomiso.

Elba Nidia Aguirre, representante de los Comités de Cuenca Río Sonora y firmante del amparo, está contenta por la sentencia de la SCJN, pero añade: “Ya no queremos promesas. Exigimos resultados. Queremos que nos demuestren qué medidas se tomaron para la remediación integral del río y el medio ambiente. Que nos demuestren que el territorio está seguro para todos los habitantes del Río Sonora; que nos expliquen de qué manera se hicieron las pruebas y quién las hizo, para que vivamos tranquilos. Además de todo esto, hay mucha incertidumbre, y esta incertidumbre también está enfermando a las personas del Río Sonora”.

La sentencia no detalla tiempos y formas para llevar adelante este proceso. Al respecto, Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, señala que “esperamos que se garantice la participación con plazos adecuados y apegada a los estándares más altos, es decir, que sea libre, activa, significativa y con acceso a toda la información pertinente de forma culturalmente adecuada. Las autoridades deberán realmente tomar en cuenta las necesidades de las comunidades e implementar todos los pasos necesarios en aras de la protección del medio ambiente y la salud, respetando la participación efectiva de las mismas. Esta es una oportunidad única para traer la tan ansiada justicia al Río Sonora”.

La participación de las comunidades ante megaproyectos, en la agenda de la SCJN

Ciudad de México, 28 de enero de 2020.- Este miércoles 29 de enero la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría dictar sentencia sobre un amparo que concierne a todas las personas y comunidades en México que se ven afectadas por megaproyectos.

El amparo en revisión No. 578/20-9, promovido por los Comités de Cuenca Río Sonora, con el acompañamiento legal de PODER, pone en tela de juicio los Artículos 31 y 34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y los Artículos del 37 al 43 del Reglamento de la mencionada Ley en materia de evaluación de impacto ambiental, y cuestiona la forma actual de hacer consultas ambientales, especialmente los procesos de consulta a la población con relación a las Manifestaciones de Impacto Ambiental y, en ciertos casos, a los informes preventivos.

Un fallo a favor del amparo beneficiaría a comunidades y personas que se ven afectadas por megaproyectos.

En la actualidad, de acuerdo a la Ley, las comunidades afectadas por megaproyectos deben solicitar las consultas ambientales una vez que los promoventes del proyecto han presentado la Manifestación de Impacto Ambiental. El procedimiento deja toda la responsabilidad a las comunidades para la realización de la consulta, además de que implica que éstas deben saber de antemano que existe el proyecto y estar pendientes, por días, semanas o incluso años, de lo que se publica en la Gaceta Ecológica por Internet, en un país como México, donde apenas el 40% de las personas en comunidades rurales tiene acceso a la red.

Se tiene conocimiento de que el proyecto de sentencia avala la situación actual y falla contra el amparo de los Comités de Cuenca. Para Luis Miguel Cano, asesor legal de los Comités, “dejar la Ley como está implicamantener un proceso injusto e inequitativo para las comunidades, además de que conlleva la imposibilidad práctica de promover, en muchos casos, la participación, un derecho estipulado por las leyes nacionales y los tratados internacionales en la materia. Tomando en cuenta que un gran porcentaje de conflictos ambientales en el país comparten la falta de información y participación efectivas para las comunidades, esperamos que la mayoría de integrantes de la Segunda Sala voten por modificar el proyecto”.

Francisca García de la comunidad de Aconchi, en Sonora, representante común de las quejosas, opina que “muchas comunidades no tienen acceso a Internet, ni tienen conocimiento sobre estos procesos. La Ley, como está, es injusta para nosotros. No estamos de igual a igual. Las empresas llevan siempre las de ganar. Los ministros tienen una oportunidad de ponerse en nuestros zapatos y pensar en las condiciones injustas que tenemos para participar y opinar sobre los proyectos que nos afectan. Si fallan a nuestro favor, podrían ayudar a muchas comunidades en todo México”.

Suprema Corte concede amparo a las comunidades en relación al cierre del Fideicomiso Río Sonora

  • Es una ventana para que finalmente llegue la justicia al Río Sonora, coinciden los Comités de Cuenca y PODER.

Ciudad de México, 15 de enero de 2020.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió, por unanimidad, el amparo y protección a las comunidades del Río Sonora, en el caso relacionado con la extinción del Fideicomiso Río Sonora y la conclusión del programa de remediación ambiental (amparo en revisión 640/2019). El caso es el más importante de los interpuestos por los Comités de Cuenca Río Sonora que atrajo la Corte.

Recordemos que el Fideicomiso fue el mecanismo destinado por Grupo México y el gobierno de Enrique Peña Nieto para efectuar la reparación y la remediación de los daños causados por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, causado por la mina Buenavista del Cobre, en 2014.

Si bien habrá que esperar a que se publique la sentencia de la Segunda Sala de la Corte, a interpretación de la organización PODER, que acompaña y asesora legalmente a los Comités de Cuenca Río Sonora, con este fallo la Corte instruiría que el Fideicomiso sea reabierto o definiría nuevos mecanismos para que se realice la remediación y la reparación de los daños causados por el derrame tóxico de Grupo México, considerado el peor desastre ambiental de la historia de la minería en el país.

Al conocer la noticia, María de la Luz Contreras, integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora, comenta: “Estoy feliz. Es mucha la lucha para no haber recibido un aliento, una señal de que esto se arregle, que esto se remedie. Espero que cumplan con lo que habían prometido, como por ejemplo, con la clínica para los enfermos”. “La decisión de la Suprema Corte la recibimos con mucho agrado, con entusiasmo. Finalmente se está haciendo justicia –apunta Mario Salcido, también de los Comités de Cuenca.– Las empresas, como Grupo México, si hacen un mal, lo tienen que remediar, y en este caso, queremos remediación, agua limpia, sin metales pesados. Eso es lo que hemos estado pidiendo en estos años”.

De los tres casos sobre el Fideicomiso, interpuestos por los Comités de Cuenca Río Sonora, el de su extinción es el más importante porque impacta directamente en el bienestar de las personas afectadas y abre una ventana a la justicia en esa región, que por cinco años ha sido olvidada. Fernanda Hopenhaym, codirectora de PODER, señala que “esperamos que la sentencia defina mecanismos claros para que se efectúe la remediación tan esperada, con participación de las comunidades”. Añade que “El del Río Sonora es un caso emblemático y como tal, este fallo envía un mensaje importante: las empresas deben guardar los más altos estándares al realizar sus actividades y evitar daños, porque de lo contrario, no saldrán impunes si es que afectan a las comunidades y violan los derechos humanos”.

Otros dos casos de los Comités de Cuenca, relacionados con el Fideicomiso, fueron sobreseídos por la Corte: el que cuestiona la forma en cómo operó este mecanismo (amparo en revisión 384/2018) y el de la falta de apoyo al Proyecto de Reactivación Agropecuaria para la región (amparo en revisión 927/2018). Sin embargo, “pensamos que con el fallo favorable del caso de la extinción del Fideicomiso, algunos temas contenidos en estos otros dos amparos podrían también ser abordados, por ejemplo, el de la definición de los mecanismos para que se realice la remediación agropecuaria, tan necesaria”.

Suprema Corte decidirá mañana sobre Fideicomiso Río Sonora

Ciudad de México, 7 de enero de 2020.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictará sentencia sobre tres casos relacionados con el Fideicomiso Río Sonora, el próximo miércoles 8 de enero, de acuerdo a la lista de asuntos publicada en su portal de Internet.

Los tres casos, interpuestos por los Comités de Cuenca Río Sonora, cuestionan la forma en cómo operó este mecanismo (amparo en revisión 384/2018), su falta de apoyo al Proyecto de Reactivación Agropecuaria para la región (amparo en revisión 927/2018), y la extinción del Fideicomiso Río Sonora y la conclusión del Programa de Remediación Ambiental (amparo en revisión 640/2019). En agosto pasado, la SCJN determinó estudiar en conjunto estos tres casos.

Los Comités de Cuenca Río Sonora argumentan que el Fideicomiso Río Sonora realizó actos de autoridad al ser el principal mecanismo destinado a reparar los daños del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, causado por la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en 2014, ya que no hubo resarcimiento desde el Gobierno Federal ni por vía judicial. En la práctica, el Fideicomiso, presidido por el entonces subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rodolfo Lacy Tamayo, fue la autoridad destinada a efectuar la remediación, a pesar de ser un mecanismo privado y, como tal, debe hacerse responsable de sus actos y omisiones. Además, los Comités exigen la reapertura del Fideicomiso hasta que cumpla con la reparación total de los daños causados por el derrame.

Es preciso recordar que el Fideicomiso Río Sonora fue creado mediante un acuerdo entre la empresa Buenavista del Cobre y el gobierno de Enrique Peña Nieto, como solución para el resarcimiento y reparación de los daños causados por el derrame tóxico, conocido como el “peor desastre ambiental en la historia de la minería en México”, que ha afectado a más de 22 mil personas en siete municipios de Sonora.

El Fideicomiso, a través del cual la empresa y el Gobierno habían prometido dotar de agua limpia, atención a la salud y reactivación económica a las personas afectadas, se caracterizó por su falta de transparencia y las irregularidades en su operación. De los 2 mil millones de pesos comprometidos para llevar adelante las acciones de remediación, apenas se ejerció el 61% (1,231,367,946.29 pesos). Entre los gastos realizados destacan la entrega de sumas de dinero, supuestamente a personas afectadas, la compra e instalación de tinacos (bajo la promesa que servirían para guardar agua potable que nunca llegó), la obra negra de un centro de salud de especialidades que quedó inconcluso y gastos de publicidad cuatro veces mayores a los destinados a la atención en salud, para mejorar la imagen de la empresa. (Para más detalles sobre las irregularidades del Fideicomiso, ver esta investigación de PODER).

Durante estos cinco años, las personas afectadas de los siete municipios han seguido denunciando la falta de atención médica y el incremento de enfermedades en la región, el nulo acceso al agua limpia, y la enorme crisis que afecta al campo desde el derrame, en una región antes conocida por la calidad de su producción agropecuaria.

El Fideicomiso Río Sonora fue cerrado de manera unilateral el 2 de febrero de 2017, sin haber cumplido con la reparación prometida y sin dar aviso a las personas afectadas por el derrame, que se enteraron de la clausura seis meses después a través de una nota periodística.

Cabe destacar que la procuradora federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera, se pronunció sobre el Fideicomiso durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 12 de diciembre pasado, afirmando que éste había ejercido actos de autoridad y que “se trata del reconocimiento de un responsable de daño ambiental”.

“La empresa con el gobierno en turno manejaron el Fideicomiso Río Sonora a su antojo. Aquí nunca nos tomaron en cuenta como afectados. Hicieron las cosas como ellos quisieron. Fue un plan con maña. Por eso es tan importante que se reabra, que se reconozca que fue la autoridad responsable y que lo que hizo tenga consecuencias. También es importante que participemos hasta lograr la reparación total de los daños. Pido a los ministros que pongan la mirada en cada uno de los habitantes del Río Sonora, y que al decidir sobre el Fideicomiso piensen que somos seres humanos y merecemos ser respetados en la salud, en los derechos ambientales, en todos los derechos”, señaló Óscar Encinas, de los Comités de Cuenca Río Sonora, uno de los afectados y firmante de los amparos.

Además, “el hecho de que la SCJN pueda declarar al Fideicomiso Río Sonora como autoridad responsable y reconocer que un mecanismo privado ejerció actos de autoridad sería un hecho sin precedentes en el Derecho mexicano, y significaría un avance enorme para otros casos similares y un aporte para una mayor rendición de cuentas de las empresas”, afirmó Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER.