Necesitamos un plan concreto de justicia para el Río Sonora.

Hermosillo, Sonora, 13 de noviembre. En relación a la presentación que hizo el Gobierno Federal, el jueves, del llamado Plan de Justicia para Cananea, los Comités de Cuenca del Río Sonora manifestamos lo siguiente:

  • Necesitamos un plan concreto para el Río Sonora.
  • Nos parece lamentable y una falta de respeto y sensibilidad el haber realizado este evento con las autoridades de más alto nivel sin nuestra participación, es decir, sin la presencia en la mesa de las comunidades afectadas directamente por el peor desastre ambiental minero en la historia de nuestro país y que, en cambio, sí hayan invitado a la empresa responsable de esta tragedia, Grupo México, la cual sigue operando impunemente.
  • Los encuentros que hemos sostenido con las autoridades, mencionados por el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, no pueden ser llamados “reuniones de trabajo” puesto que han sido únicamente espacios para socializar información sobre actividades que están realizando sin que haya una respuesta puntual a nuestras demandas más urgentes sobre atención a nuestra salud, falta de agua de calidad, y un plan integral de reparación frente al daño causado a nuestros derechos humanos. Nuestras aguas, nuestro aire, nuestros suelos, nuestros cuerpos siguen contaminados por la negligencia de la empresa.              
  • Las autoridades no pueden decir estar preocupadas por nuestro derecho a la salud pero al mismo tiempo mantener en el abandono la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en Sonora (UVEAS) que Grupo México dejó en obra negra, un auténtico monumento a la corrupción y la impunidad. ¿Por qué no han incluido este asunto en el llamado Plan de Justicia para Cananea?
  • Es inaceptable agradecer públicamente a la empresa por realizar acciones que son su obligación en materia laboral después de décadas de injusticia mientras que siguen sin hacerse responsables por los daños ambientales y a los derechos humanos de las comunidades por el derrame tóxico que provocaron en 2014.
  • Para que el anuncio del jueves sea un verdadero plan sustantivo debe incorporar la justicia, reparación integral y garantías de no repetición para las comunidades de los ríos Sonora y Bacanuchi, y castigo por las omisiones de Grupo México. Por eso es necesario un plan específico para el Río Sonora.
  • Es urgente atender de forma seria nuestras demandas.
  • Nuestro derecho al agua no se puede resumir en las diez plantas potabilizadoras ni las diez plantas tratadoras de aguas residuales anunciadas por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.
  • No es posible que la empresa pretenda seguir ofreciendo un rostro amable ante la opinión pública, repartiendo mochilas, piñatas y cursos en la comunidad, usando a las instancias del gobierno mexicano, mientras que en la esfera privada y judicial continúa amedrentando y obstaculizando mediante recursos legales nuestra búsqueda de justicia.
  • A siete años de lucha, reiteramos nuestras demandas:
    • Queremos un plan de remediación integral para los ríos Sonora y Bacanuchi que contemple atención urgente a nuestra salud y al agua de los municipios contaminados.                 
    • Exigimos la reapertura del Fideicomiso Río Sonora, así como representatividad  de las personas afectadas en el Comité Técnico, tal y como ha sido reiteradamente solicitado en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
    • Exigimos la reubicación de pozos contaminados, el cumplimiento al compromiso de las 36 plantas potabilizadoras, con capacidad para separar metales pesados, la construcción y operación  de la clínica especializada para nuestra salud tras el derrame (UVEAS), la presentación cuanto antes del diagnóstico socio ambiental prometido por el presidente el pasado 4 de julio.
    • Respuesta de la Profepa ante nuestra solicitud urgente de medidas cautelares.
    • Instamos puntual y enfáticamente a las autoridades a respetar los elevados estándares del derecho a la participación, en particular lo correspondiente a la construcción de mecanismos que brinden el espacio que ha sido arrebatado al pueblo y que legítimamente le corresponde. No más mesas sin nosotras/os.

Las y los habitantes de las comunidades afectadas que formamos parte de los Comités de Cuenca Río Sonora hacemos una vez más este llamado de justicia a las autoridades mexicanas en aras de mantener un diálogo público, abierto, respetuoso y sensible con las y los afectados por Grupo México en el Río Sonora.

Es necesario hacer compromisos y contar con nuestra participación sustantiva en diálogo con Semarnat por Río Sonora.

Hermosillo, Sonora, 22 de octubre. Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), el movimiento comunitario organizado para exigir justicia y reparación tras el megaderrame tóxico provocado por la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, en los Ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, buscamos un diálogo con participación sustantiva con las autoridades federales en relación a las acciones de remediación ambiental en el Río Sonora.

Aunque valoramos que el día miércoles se haya socializado cierta información sobre algunas iniciativas que está tomando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por María Luisa Albores, es necesario aclarar que hasta el momento no se han incorporando nuestras opiniones para lograr una verdadera remediación y es fundamental que las autoridades consideren que en estos encuentros se respeten los tiempos y horarios acordados, y que haya una respuesta clara a nuestras demandas. Llevamos 7 años esperando justicia.

Aunque seguimos abiertas al diálogo con las instituciones, es urgente que tengamos un espacio adecuado y con suficiente preparación y tiempos asignados para que la interlocución política pueda fluir y tener los resultados esperados.

Las y los integrantes de los CCRS exigimos compromisos claros, con cronogramas y no únicamente reuniones informativas realizadas con premura. Asimismo, ayer no fueron respondidas nuestras demandas en relación a cómo se nos incorporará a los afectados al Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora ni se nos respondió sobre cuándo y de qué forma dará la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente respuesta a nuestra solicitud de medidas cautelares debido a los impactos que ha tenido en nuestros derechos humanos el consumo de agua contaminada. Tampoco se abordaron los compromisos de años anteriores en relación a la instalación de una clínica especializada para atender a las víctimas cuya salud fue impactada por el derrame, la instalación de las plantas potabilizadoras con capacidad para separar metales pesados, y la reubicación de pozos, entre otros temas pendientes.

Coincidimos con la Secretaria Albores en que para lograr una remediación efectiva debemos trabajar en conjunto, pero seguimos firmes en buscar compromisos concretos, con fecha y firma. Necesitamos poder decidir con honestidad y transparencia sobre las acciones para reparar los daños causados por Grupo México cuanto antes, y esto también incluye que todas las partes interesadas (INECC, Profepa, Semarnat, Conagua, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud, y Cofepris) se articulen con eficiencia pues, ante la urgencia de tener agua limpia, no es suficiente presentar datos de la afectación sin tener una solución, y la responsabilidad que tienen todos los niveles de gobierno, incluyendo al gobernador Alfonso Durazo.

¡Justicia, reparación y no repetición!
Comités de Cuenca Río Sonora

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Basta de simulación y #7AñosDeImpunidad: queremos agua limpia en el Río Sonora

Basta de simulación y #7AñosDeImpunidad: queremos agua limpia en el Río Sonora

Cuando hablamos del derrame en el Río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014, de los 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados, no podemos hacerlo sin mencionar todo el daño que ha ocasionado a nuestros ecosistemas, a nuestra economía, a nuestra salud y al tejido social de nuestras comunidades. Antes, hablar del Río Sonora era hablar de tener acceso a agua limpia, de recreación y de procesos productivos agrícolas y ganaderos. Hoy se ha convertido en un tema de injusticia social.

Se cumplen siete años de impunidad, a la espera de una justicia que promete estar a la vuelta de la esquina, pero que se desvía ante los ojos de todas y todos; una justicia que simula escuchar nuestras peticiones, que promete resarcir los daños, pero que responde atendiendo intereses ajenos a los de nuestras comunidades. Mujeres, niñas, niños y hombres seguimos luchando porque nuestra agua, nuestras tierras, nuestros ecosistemas vuelvan a ser lo que tantas generaciones disfrutaron antes del derrame provocado por la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.

En estos siete años hemos visto a las autoridades de todos los niveles, a los políticos y a los empresarios negar la existencia de la contaminación y al mismo tiempo buscar aprovecharse de nuestra situación para su propio beneficio. Sin embargo, nosotras no nos hemos doblegado ante quienes buscan desarticularnos y frenar nuestras ganas de defender nuestra fuente de vida: el agua.

Son cientos de kilómetros de afectación ambiental. Son miles de personas las que se han visto afectadas por el derrame, que viven con la incertidumbre de no saber en qué estado de salud se encuentran sus hijos e hijas, así como ellas mismas, y otras más que han tenido que emigrar por el bien de sus familias. Por otro lado, no sabemos aún las consecuencias en el corto, mediano y largo plazo de consumir agua con las altas cantidades de arsénico y plomo, que revelaron las autoridades federales a finales del año pasado y, peor aún, sin conocer cuál es el plan de acción concreto y cómo se organizarán las autoridades para resolver este problema. ¡Basta de decir “a mí no me toca” y de deslindarse de sus responsabilidades!

Durante estos siete años se ha evidenciado la desigualdad social, de género y la falta de oportunidades a la que nos enfrentamos principalmente las mujeres cuando el Estado nos niega una participación sustantiva en la toma de decisiones y en las políticas alrededor del agua. Somos principalmente nosotras quienes hemos cargado sobre nuestros hombros el peso de cientos de garrafones de agua, presuntamente purificada, y la negligencia de las autoridades y de la empresa responsable del desastre, del incumplimiento de los compromisos establecidos en el marco del fideicomiso para reparar el daño y de la falta de servicios de salud en los pueblos del río.

Las dobles y triples jornadas que recaen en miles de mujeres que vivimos a lo largo de la cuenca del Río Sonora se han recrudecido, ya que somos nosotras, también trabajadoras, amas de casa y estudiantes quienes absorbemos los trabajos de cuidados de nuestras familias y quienes administramos la economía y la poca agua que llega a nuestros hogares. Esta situación ha afectado también nuestras finanzas, desarrollo profesional y salud.

Junto con nuestros compañeros, es momento también de defender nuestra libertad y derecho a incidir de forma sustantiva en el desarrollo de los planes de manejo y remediación que exigimos a las autoridades implementar en nuestras comunidades. Con estas medidas damos pasos hacia adelante para la equidad entre hombres y mujeres.

A siete años del peor desastre ambiental minero en la historia del país, provocado por Grupo México, los Comités de Cuenca Río Sonora tenemos siete exigencias fundamentales:

  1. No más simulación y sí a la articulación de competencias entre el gobierno federal, el gobierno estatal electo y las autoridades municipales para que se nos garantice nuestro derecho humano y constitucional al agua. Hoy más que nunca sabemos que el valor de una minera, de una trasnacional, de un megaproyecto nunca superará el valor de tener agua limpia y salud para nuestras familias.
  2. Respuesta y atención urgente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que se dicten las medidas cautelares necesarias para salvaguardar la salud de nuestra población y abastecimiento de agua potable, salubre y suficiente.
  3. Insistimos en la gestión, instalación, funcionamiento de las plantas potabilizadoras con filtración de metales pesados, reubicación de pozos contaminados y la instalación del centro médico especializado en salud ambiental.
  4. Creación del plan de remediación y monitoreo constante de contaminantes en el medio ambiente, incluyendo agua, suelo, aire, fauna y flora.
  5. Elaboración de un plan de reactivación integral del campo, con especial atención para las y los pequeños agricultores y ganaderos.
  6. Reactivación del Fideicomiso para reparar los daños, con nuestra participación efectiva, sin intermediarios, con perspectiva de género, cuentas claras y transparencia en el uso de esos fondos.
  7. Rendición de cuentas de Grupo México. Sanciones y castigo a la empresa responsable por el derrame de tóxicos.

Por el derecho de nuestros hijos e hijas a vivir en un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por el derecho a la salud y el acceso a agua de calidad de todas las comunidades de los ríos Sonora y Bacanuchi decimos:

¡Basta de #7añosDeImpunidad!

¡Reparación del daño!

¡Garantía de no repetición!

¡Agua limpia para los ríos Sonora y Bacanuchi!

Comités de Cuenca Río Sonora

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Exigen personas afectadas por Grupo México medidas cautelares a Profepa por derrame en Río Sonora

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  • Sin reparación integral tras impacto a derechos humanos de comunidades, cumple 7 años desastre ambiental minero.
  • Piden atención médica para miles de personas expuestas a metales pesados y acciones a Conagua para garantizar el acceso a agua suficiente y de calidad.

Hermosillo, Sonora, 4 de agosto, 2021.- Representantes de las comunidades afectadas por el derrame de 40 millones de litros de una solución de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, provenientes de una mina de Grupo México en agosto de 2014, presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una solicitud de medidas cautelares con el fin de proteger la salud de la población de 8 municipios, el pleno acceso a agua limpia, y la reubicación de los pozos contaminados, reconocidos por autoridades federales, con metales como arsénico y plomo.1

Las medidas solicitadas por las y los habitantes organizados en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) surgen tras #7añosDeImpunidad y de acciones de litigio emprendidas por las comunidades y ante la falta de reparación integral de los daños causados por el derrame, y el reconocimiento oficial, a finales del año pasado, de que pozos que abastecen de agua a miles de personas contienen metales en cantidades peligrosas para la salud. Estas medidas fueron tomadas también luego de que en mayo de este año la Profepa se comprometiera públicamente2 a dar respuesta a una serie de cuestionamientos en relación al cierre del Fideicomiso Río Sonora, mediante el cual supuestamente se había dado por concluida la reparación de los daños ocasionados por la minera, y el impacto a derechos humanos como el agua, la salud y el medio ambiente sano.

El tiempo corre y la Profepa aún no resuelve la solicitud de medidas cautelares pese a que la población está expuesta al uso y consumo continuo de agua contaminada. Asimismo, el plazo para cumplir con el compromiso que hicieron el mes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, de tener un “diagnóstico ambiental”3 del Río Sonora en “tres meses” concluye el 4 de octubre.

“Las medidas cautelares buscan salvaguardar la salud de la población de manera urgente, sobre todo frente al consumo constante de agua contaminada, en tanto no haya una solución definitiva al problema de fondo que es la reparación integral del daño, y de los compromisos que en su momento hicieron la empresa responsable y el gobierno mexicano y que no se entiende por qué no fueron cumplidos, por ejemplo, la construcción de 36 plantas potabilizadoras y una clínica de atención a la salud. No se puede postergar más este asunto. Urge una respuesta”, asegura Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), organización que acompaña el proceso de defensa y organización de los CCRS.

Entre las medidas solicitadas se encuentra la de canalizar a la población afectada, lo que podría ascender a miles de personas, a centros de salud adecuados para monitoreos, diagnósticos y detección de enfermedades derivadas de la exposición a metales pesados, la reubicación de los pozos contaminados con metales pesados, y un llamado urgente para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras autoridades competentes restablezcan la calidad del agua del uso y consumo humano en los municipios afectados.

Por su parte, las representantes de los CCRS expresaron en un posicionamiento4 (adjunto a este comunicado) que a siete años del peor desastre ambiental minero en la historia de México, urge terminar con la simulación de las autoridades, con las promesas incumplidas, con la impunidad con la que operaron las anteriores administraciones y la empresa responsable. Allí detallan siete acciones clave para avanzar en la reparación y defensa del derecho humano al agua, entre ellas, la articulación de competencias entre los tres niveles de gobierno, la reactivación del fondo para la remediación creado y cerrado unilateralmente, la reparación de los daños, la construcción de las plantas potabilizadoras5 y la clínica especializada, que en su momento la empresa y gobierno mexicano se comprometieron a construir y que al final quedó en obra negra.

“Nosotras no nos hemos doblegado ante quienes buscan desarticularnos y frenar nuestras ganas de defender nuestra fuente de vida: el agua (…) Por el derecho de nuestros hijos e hijas a vivir en un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por el derecho a la salud y el acceso a agua de calidad de todas las comunidades del Río Sonora decimos: ¡Basta de #7AñosDeimpunidad y reparación del daño, agua limpia para los ríos Sonora y Bacanuchi”, finalizan los Comités en su texto.

1 Cofepris reconoce contaminación masiva en agua de consumo humano en el Río Sonora: https://poderlatam.org/2020/11/cofepris-reconoce-contaminacion-masiva-en-agua-de-consumo-humano-en-el-rio-sonora/

2 La Reunión Pública de Información sobre el Fideicomiso Río Sonora, oportunidad única para lograr remediación: CCRS: https://poderlatam.org/2021/05/reunion-publica-de-informacion-sobre-fideicomiso-rio-sonora-oportunidad-unica-para-lograr-la-remediacion/

3 Plan Integral de Atención a Cananea y Programas para el Bienestar, en Sonora:https://lopezobrador.org.mx/2021/07/04/version-estenografica-plan-integral-de-atencion-a-cananea-y-programas-para-el-bienestar-en-sonora/

4 Basta de simulación y #7AñosDeImpunidad: queremos agua limpia en el Río Sonora: https://comitescuencariosonora.wordpress.com/2021/08/04/basta-de-simulacion-y-7anosdeimpunidad-queremos-agua-limpia-en-el-rio-sonora/

5 Ante el incumplimiento del Fideicomiso Río Sonora exigimos #RemediaciónYARíoSonora: https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2021/05/prensa_RPI_FRS_170521_fin.pdf

Accionistas de Grupo México deben exigir rendición de cuentas a empresa por falta de remediación y abusos a derechos humanos

Los Comités de Cuenca Río Sonora, el movimiento comunitario organizado para exigir la remediación integral y respeto a nuestros derechos humanos tras el desastre ambiental provocado por Grupo México en Sonora hace casi siete años, hacemos un llamado a las Entidades Inversionistas Institucionales (EI) para actuar ante los abusos por parte de las empresas que están financiando y a considerar esto en la asamblea de accionistas del próximo viernes 28 de mayo, antes de emitir su voto y/o ratificar los liderazgos de Grupo México y Southern Copper Corporation.

Es fundamental que como inversionistas usen su influencia, no solo porque no hacerlo puede representar un riesgo material para sus fondos, sino porque se trata de cambiar las formas de hacer negocios en el marco de un nuevo esquema de inversiones responsables y consistentes con un enfoque de respeto a principios sociales, medioambientales y de gobernanza transparente. Esta es una oportunidad de ser congruentes y actuar con base en estándares internacionales de Naciones Unidas, como los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos.

Una de las exigencias de los Comités de Cuenca Río Sonora es acabar con la impunidad de Grupo México, responsable del derrame tóxico de hace casi 7 años que cambió para siempre la vida de más de 22 mil personas.

El 6 de agosto de 2014, Buenavista del Cobre, una mina de Grupo México y la tercera productora de cobre en el mundo, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacanuchi. El derrame de tóxicos se extendió por más de 250 km y afectó a más de 22 mil personas de ocho municipios en nuestro Estado, lo que provocó daños sustanciales a la salud, el medio ambiente y a nuestra economía local. Pese a los litigios abiertos y a las victorias legales, la remediación integral prometida no ha llegado y aún está pendiente cómo se implementará la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena revisar el cierre del fideicomiso creado para dicho fin y el cual fue terminado unilateralmente sin haber ejercido alrededor de 800 millones de pesos.

Antes de emitir su voto y ratificación de liderazgos este viernes, les hacemos un llamado a considerar los siguientes puntos pendientes en materia de remediación y que pueden representar también un riesgo material:

1. ¿Por qué la empresa no ha reparado integralmente los daños en los casi siete años de ocurrido el mayor desastre socioambiental en la historia de la minería en México?

2. ¿Por qué se cerró el Fideicomiso Río Sonora? Instalado con fines de reparación y lleno de falencias, como la falta de transparencia, cierre arbitrario del mismo y falta de participación de nosotras, las mujeres, niñas, niños, hombres y todas las personas de las comunidades afectadas, en la toma de decisiones del uso, distribución y monitoreo de los recursos y las acciones para la reparación integral.

3. ¿Por qué no se construyeron las 36 plantas potabilizadoras de agua prometidas inicialmente por la empresa y por qué sólo una funciona de manera intermitente y no separa metales pesados? De igual forma, ¿por qué no se construyó la clínica de atención prometida y en cambio nos dejaron sólo una obra negra y un consultorio básico con atención muy limitada?

4. ¿Por qué se ha financiado la construcción de una nueva y más grande presa de jales y se ha ignorado nuestra demanda de detenerla bajo las condiciones existentes? Demandamos que se cancele la megapresa, cuya construcción violó nuestro derecho a la participación, no obtuvo nuestro consentimiento, y cuya presencia en la región nos llena de angustia y temor.

La presa de jales de Grupo México es un megaproyecto que amenaza, de nueva cuenta, a las comunidades del Río Sonora.

Por todo esto les urgimos a que tomen en cuenta estas consideraciones antes del voto y posible ratificación de los liderazgos de la empresa, y que afirmen su compromiso con una gobernanza corporativa que asegure los derechos humanos y un medio ambiente sano.

Más allá del trabajo que las autoridades gubernamentales y judiciales están llevando a cabo, comolas promesas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambientepara garantizar el acceso a la justicia, ustedes como inversionistas también tienen la oportunidad de actuar. Es urgente para nosotras/os y es una cuestión de responsabilidad y ética de las entidades inversionistas identificar, prevenir y mitigar los daños, así como rendir cuentas cuando estos ocurren.

Las empresas deben respetar a todas las partes interesadas, incluyendo a las comunidades en donde operan y que son alcanzadas por sus operaciones. El discurso de los inversionistas de ser responsables y establecer confianza entre las partes vale muy poco si no está respaldado por acciones concretas que atiendan lo que estamos exponiendo, y que reparen daños causados y prevengan los futuros.

Por justicia, reparación y no repetición,
#RemediaciónYARíoSonora

Comités de Cuenca Río Sonora

Conformados por personas de las ocho comunidades afectadas por el derrame de tóxicos en nuestros ríos, responsabilidad de Grupo México en 2014.

Sonora, México, 26 de mayo de 2021

La Reunión Pública de Información sobre el Fideicomiso Río Sonora, convocada por Profepa, es una oportunidad única para lograr la remediación y acabar con la impunidad de Grupo México

Hermosillo, Sonora, 17 de mayo de 2021.- Los próximos 22 y 23 de mayo tendrá lugar, en el Museo Regional de Ures, Sonora, la Reunión Pública de Información (RPI), organizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso del Fideicomiso Río Sonora (FRS).

La Profepa hizo llegar la convocatoria a las personas quejosas, 36 representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), que interpusieron un amparo, atraído por la SCJN en julio de 2019, para reclamar que la extinción del FRS y la conclusión del programa de remediación ambiental se hicieron unilateralmente, sin la participación de las personas afectadas, y que este mecanismo, creado por Grupo México y el gobierno de Enrique Peña Nieto tras el derrame tóxico de 2014, no podía cerrarse hasta no cumplir con la remediación prometida.

El 15 de enero de 2020, la Corte concedió el amparo y protección a los CCRS en este caso y dejó sin efecto el convenio de extinción del Fideicomiso, lo que significó una victoria legal para los CCRS. También determinó que las autoridades debían organizar una reunión pública de información en la que se explique a los quejosos en qué consiste el convenio del Fideicomiso, cuáles son las medidas ambientales que se llevaron a cabo; “cómo se llegó a la determinación y qué medios se utilizaron para concluir que se alcanzaron los niveles de remediación propuestos y autorizados”; “cómo se llegó a la determinación y qué medios se utilizaron para concluir que se cumplieron las medidas correctivas precisadas”, así como saber “cómo se cercioraron de que los fines del Fideicomiso habían sido cumplidos”.

Una acción concreta que los CCRS esperan lograr, tras la Reunión Pública de Información, es la instalación de potabilizadoras que realmente funcionen en todas las comunidades para evitar el consumo de agua contaminada.

En la reunión, en la que estarán presentes las personas quejosas, las autoridades ambientales y representantes de las empresas responsables del derrame (Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, de Grupo México) se dará oportunidad a las quejosas de manifestar sus conformidad o inconformidad, “preocupaciones y posibles sugerencias”, y proponer medidas “para eliminar y reducir los contaminantes”. Asimismo, la autoridad está obligada a recibir, desahogar y valorar las pruebas que las quejosas estimen convenientes.

De acuerdo a la sentencia, “una vez hecho lo anterior y habiendo escuchado también a las empresas responsables del derrame, las autoridades competentes deberán emitir una nueva determinación respeto al cumplimiento de las medidas correctivas”.

Los Comités de Cuenca Río Sonora esperan que esta reunión, fruto de casi siete años de lucha, atienda eficazmente y de manera integral toda la problemática derivada del derrame. “Queremos que se cumplan las promesas que se nos dieron al inicio de este desastre ecológico, de parte del Gobierno y de la empresa, para poder seguir adelante con nuestra vida. Porque esto ha cambiado mucho la vida de todos los habitantes del río –dice Elba Nidia Hurtado, de El Sauz, Ures, una de las firmantes del amparo–. Tengo esperanzas en que a partir de la Reunión Pública se resuelva esta problemática. Si hay voluntad de parte de las autoridades, sí podemos alcanzar la remediación, entendiendo que ésta debe cubrir todas las afectaciones; son siete años de consumir agua contaminada que ha afectado seriamente nuestra salud, nuestro campo, lo que comemos, cómo vivimos, por lo que las soluciones tienen que tomar en cuenta esto y ser integrales”.

Módulos abandonados del hospital de especialidades que Grupo México prometió a través del Fideicomiso Río Sonora y que quedó en obra negra.

“Si en la Reunión Pública las cosas se hacen como hasta ahora, no queremos nada. El primer fideicomiso no hizo nada, y eso lo tienen que comprender. Las autoridades tienen la obligación de cuestionar las potabilizadoras actuales, que no cumplen con su responsabilidad de dar agua limpia y son una carga para los habitantes y municipios que ahora no saben qué hacer con ellas, dice Mario Salcido, también firmante.

Celestina Sánchez, firmante del amparo y habitante de Huépac, añade que “las autoridades tienen que aceptar que la salud y el agua son un mismo templo, y se requieren acciones inmediatas”.

Además del acceso a la salud y al agua limpia, las exigencias básicas de los CCRS frente a esta reunión se relacionan con la reactivación integral del campo; la remediación de agua, aire, suelo, fauna y flora y el monitoreo ambiental; la participación efectiva de la comunidad en las futuras implementaciones de los fondos de remediación; la transparencia y rendición de cuentas de los gastos del Fideicomiso, y el fin de la impunidad de Grupo México; es decir, que las autoridades obliguen a la empresa a enfrentar las consecuencias por las violaciones a los derechos humanos de las comunidades y personas afectadas. “En la reunión no se puede ignorar que el río Sonora tiene 36 comunidades, y cada acción debe ser pensada para cada una de ellas. Queremos participación en las decisiones. Nosotros también sabemos lo que es bueno para los pueblos”, dice Socorro Domínguez, integrante de los CCRS.

La Profepa indicó que la reunión estará dividida en dos partes, a día seguido, en horarios de 10 am a 12 pm, de 1 pm a 3 pm y de 4 pm a 6 pm, para guardar las recomendaciones de sana distancia debido a la pandemia por COVID-19.

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Cofepris reconoce contaminación masiva en agua de consumo humano en el Río Sonora

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2020.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reconoció, a través de una carta enviada a los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), que tras nuevos muestreos realizados en 2020 el agua de consumo humano en los siete municipios del Río Sonora sigue contaminada masivamente con metales pesados –principalmente arsénico y plomo–, y que “representa un riesgo a la salud de la población”. Esto, en la misma región donde hace seis años ocurrió el derrame tóxico de Grupo México y cuya remediación sigue pendiente.

Sin embargo, a pesar de la evidencia, ni la Cofepris ni las demás dependencias responsables, como la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las autoridades de los siete municipios, han desarrollado acciones para alertar a la población y menos para dar solución inmediata a esta emergencia sanitaria, según denuncian los CCRS: “Mientras hacen planes y nuevos muestreos, mientras se lavan las manos entre instituciones, se nos va la vida. El Gobierno nos está dejando morir envenenados”, dice José Manuel López, habitante de San José de Baviácora.

Fechada el 11 de noviembre de 2020 y firmada por su titular, José Alonso Novelo Baeza, la carta de la Cofepris se dio en respuesta a una enviada por los CCRS a Hugo López-Gatell el pasado 19 de octubre, en la cual pedían al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal “respuestas consistentes y sin más demoras” ante las evidencias de pozos contaminados que salió a la luz en 2019.

La carta de la Cofepris habla de nuevos muestreos en 2020, con resultados aún más alarmantes sobre la contaminación del agua en la región. De acuerdo con el muestreo de marzo del presente año, el 98.28% de los 59 pozos y domicilios particulares estudiados rebasa los límites de arsénico y el 35.42% excede los de plomo, según la Norma Oficial Mexicana (NOM-127-SSA1-1994, modif. 2000), mientras que el muestreo del pasado julio, de 69 muestras entre pozos y domicilios particulares, incluyendo dos en Hermosillo, arroja que el 89.85% y el 57.81% del total excede las cantidades permitidas en la NOM de arsénico y plomo, respectivamente. “Si tomamos en cuenta los resultados del muestreo de agosto de 2019, en el que el 89.28% de los pozos rebasaba la NOM por concentración de arsénico y el 64.28% de plomo, tenemos un panorama desolador en el que el agua de uso y consumo humano está permanente y masivamente contaminada en la región”, afirma Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER.

De acuerdo a los datos de Cofepris, la mayoría de pozos y tomas domiciliarias analizadas en los siete municipios del Río Sonora en marzo y julio de 2020 muestran concentraciones de arsénico que rebasan la NOM. Foto: PODER

“De acuerdo con las Guías de Calidad del agua de la Organización Mundial de la Salud (4ed ed) (sic), la exposición a algunos agentes patógenos y elementos químicos a través del uso y consumo de agua de consumo humano puede producir enfermedades graves. Por lo cual la presencia de contaminantes en el agua de uso y consumo humano en concentraciones mayores a los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (modif.2000) representan un riesgo a la salud de la población”, menciona Novelo Baeza (Cofepris) en la carta, para más adelante concluir que, de acuerdo a la Constitución y a las atribuciones de los tres niveles de Gobierno, se ha notificado a las autoridades municipales y a la Conagua “para que lleven a cabo las acciones necesarias”. También menciona que están trabajando en una agenda “para dar soluciones” ante el riesgo que esto representa, pero nuevamente, como lo han hecho el subsecretario López-Gatell, antes otras autoridades federales y el mismo Andrés Manuel López Obrador, sin fechas ni plazos claros.

“Desde los Comités de Cuenca exigimos soluciones inmediatas –dice Francisca García, habitante de La Estancia (Aconchi)–. Que las autoridades federales y de Sonora hagan la parte que les corresponde y dejen de pasarse la bolita; que reubiquen los pozos y que instalen plantas potabilizadoras, siempre y cuando filtren metales pesados, tengan mantenimiento y funcionen adecuadamente. Y lo repetimos: que todo esto se haga con la participación de las personas afectadas. Nunca más un plan o una agenda sin nosotros.”

También señala la falta de posturas, en apoyo a los afectados, por parte de los municipios del Río Sonora, incluyendo a Hermosillo, los cuales “deben cumplir mínimamente con avisarnos sobre la contaminación, y con gestionar todos los procesos que nos garanticen vivir sin arsénico, plomo, y quien sabe cuántas otras cosas”.

Cabe anotar que los CCRS y PODER, a través de solicitudes de acceso a la información, ya habían pedido a la Cofepris los datos de nuevos muestreos realizados en 2020, y las autoridades de la misma Comisión negaron tener información al respecto.

“¿Qué tiene que pasar para que las autoridades hagan algo? Ahí están los datos, desde hace más de un año, desde hace seis años, tras el cochinero que dejó Grupo México, y ahora los datos nuevos que vienen a decirnos lo que ya sabemos: el agua que tomamos nos está envenenando y las autoridades no hacen nada concreto para evitarlo. La indiferencia de los tres niveles de Gobierno es la que nos va a matar”, concluye Ramón Miranda, integrante de los CCRS y habitante de Aconchi.

Carta al subsecretario Hugo López-Gatell

A continuación reproducimos la carta completa enviada por los Comités de Cuenca Río Sonora a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en respuesta a sus declaraciones del pasado 7 de octubre sobre la situación del Río Sonora.

Aconchi, Sonora
16 de octubre de 2020


Dr. Hugo López-Gatell Ramírez
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
Secretaría de Salud
Presente


Estimado Dr. López-Gatell:

Por medio de este escrito queremos saludarle cordialmente y agradecer su preocupación constante en atender los problemas de salud que aquejan a México. Desde agosto del 2014, mes en que la minera Buenavista del Cobre descargó millones de litros con metales pesados sobre el río Sonora, los Comités de Cuenca hemos levantado la voz para exigir que sea la salud, y no la enfermedad, la que cobije a nuestras familias.

El día miércoles 7 de octubre, durante el Informe Diario por Coronavirus, Arturo Contreras (reportero de Pie de Página) le hizo una pregunta acerca de los pozos contaminados con arsénico y plomo que tenemos a lo largo de los pueblos del río Sonora. El reportero mencionó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) había dejado de hacer estudios y preguntó si esta Comisión tiene en mente dar continuidad a los análisis, y naturalmente, hacer algo para atender la emergencia que cotidianamente enfrentamos.

En diciembre del 2019, funcionarios de la Cofepris y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se acercaron al río Sonora y nos hicieron saber que los pozos estaban contaminados; sin embargo, fue hasta que solicitamos la información a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) que pudimos acceder a datos sobre los niveles de metales pesados en el agua de los pozos, ver dónde están localizados algunos de ellos, y constatar la gravedad del problema. Tal situación es preocupante porque esa información debería haber sido de dominio público desde el principio, y son las instituciones quienes tienen la obligación de hacerla pública, no esperar a que los ciudadanos la soliciten a través de un trámite para darse cuenta de la realidad tan adversa que tenemos en el país. La contaminación de nuestras aguas no debería estar archivada.

→ Conoce más sobre el caso de los pozos contaminados en el Río Sonora

Durante seis años hemos vivido nuestra cotidianidad de manera desesperada, sin saber el origen de las enfermedades que cada vez más se presentan en las familias que habitan el río Sonora. Es necesario tener aliados que nos permitan saber el origen de estos malestares; aliados que tengan la capacidad de decir las cosas en voz alta, que propongan soluciones y marquen una agenda clara para la remediación de nuestro territorio.

Doctor López-Gatell, le agradecemos la empática respuesta que dio a nuestro problema la semana pasada; sin embargo, le pedimos también su compromiso y su acompañamiento para tener acuerdos claros, democráticos, calendarizados y participativos. Buscamos compromisos: que las autoridades nos informen oportunamente los hallazgos de sus muestreos, monitoreos e investigaciones, y que nos permitan participar en cualquier plan que se vaya a implementar para atender los graves problemas que nos afectan. Las dependencias de este gobierno se han empeñado en escuchar a los científicos o expertos en la materia, pero también queremos ser nosotras y nosotros quienes estemos al centro de la remediación, tal como hemos estado al centro de la afectación. Durante demasiado tiempo hemos sido ignorados.

Sabemos también, como usted lo dijo públicamente, que el gobierno pasado ocultó información, pero este gobierno lleva dos años más sin sacarla a la luz, sin fincar responsabilidades y sin atender el problema. El gobierno anterior simuló remediar el río, todo para conservar el poder y seguir enriqueciendo a quien tiene de sobra. Y aún así, este gobierno sigue sin hacer justicia. Es grave que cada vez que pedimos la información y acciones concretas, obtenemos un “pronto”, y la fecha nunca llega. Justo es lo que buscamos, respuestas concretas con fechas claras. Entendemos que la justicia en México es lenta, pero cuando juega con nuestra salud, también se vuelve agonizante.

Los planes de remediación original, propuestos en el 2014, incluían potabilizadoras que separaban metales pesados y que estarían financiadas por un Fideicomiso privado que sólo sirvió para dividirnos como comunidad, dejando un río igual de contraminado. Actualmente, estas plantas potabilizadoras siguen ahí, como fantasmas, sólo para recordarnos que la calidad del agua puede ser la que las empresas dicten. Hoy estamos pagando recibos de agua que mantienen en operación los pozos contaminados del río Sonora. El presidente López Obrador ha prometido devolver al pueblo lo robado, y a nosotros nos robaron la tranquilidad. Le pedimos amablemente, Dr. López-Gatell, que gestione la devolución de nuestra tranquilidad. En el río Sonora no tenemos apellidos elegantes, de esos que a veces suenan en las mañaneras, pero sí tenemos familias que sufren todos los días por un desastre acontecido hace seis años.

Bajo conocimiento de que los metales pesados son bioacumulables, estamos en una crisis de salud, pues han sido años de acumulación de sustancias químicas en nuestros cuerpos. Mientras tanto, se siguen vulnerando nuestros derechos a la salud y al agua. Vivimos una emergencia, y como tal, esperamos que las respuestas desde el Gobierno Federal sean consistentes y sin más demoras.

Le mandamos un saludo respetuoso,

Justicia, Remediación y No Repetición
Comités de Cuenca Río Sonora

Pozos contaminados

Estimados Comités de Cuenca del Río Sonora y habitantes de la cuenca:

En diciembre del 2019, José Antonio Novelo Baeza, titular de la COFEPRIS, y Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del INSABI, visitaron la región del río Sonora para conversar con las y los afectados del derrame de metales pesados ocasionado por Grupo México en el 2014.

Durante su visita, los funcionarios públicos reconocieron la existencia de una cantidad mayor de afectados en su salud que aquellos que la UVEAS contabilizó desde el momento del derrame. Además, mencionaron que la contaminación por metales pesados persiste hasta el día de hoy, haciendo necesaria una labor de remediación que garantice el derecho al agua limpia y a la salud de los habitantes de los ríos Sonora y Bacanuchi.

Ante la falta de interés en dar seguimiento a las declaraciones, y de informarnos a tiempo acerca de los resultados que fueron mencionados durante la visita, los Comités de Cuenca del Río Sonora, a través de la plataforma de Acceso a la Información, solicitamos los resultados del monitoreo de pozos.

Desde el inicio hemos abogado para que la información sea un derecho, y no un privilegio. Por ello, les compartimos los resultados de los pozos que, según los resultados que obtuvimos, exceden los límites permisibles de metales y metaloides en el agua que utilizamos cotidianamente. También anexamos algunas aclaraciones sobre estos límites:

Aclaraciones para una mejor comprensión sobre los límites permisibles de metales o metaloides en el agua para consumo humano.

Tabla obtenida a través de Solicitud de Acceso a la Información.
  • Hemos subrayado con amarillo aquellos pozos en dónde se detectaron niveles de concentración de metales superiores a la norma mexicana.
  • La ausencia de resultados de estos y otros metales en el pozo de tu localidad NO indica que el agua esté libre de metales. La ausencia se puede deber al método utilizado para tomar las muestras y NO debe tomarse como garantía de seguridad. Recordemos que nuestra intención es cambiar la norma mexicana para que se apegue a las directrices de la OMS y a a todas aquellas posturas que garanticen el máximo goce de nuestro derecho al agua limpia. La norma mexicana es MUY PERMISIBLE y no garantiza la seguridad de los habitantes.

La tabla que les compartimos fue modificada para hacerla más sencilla. Sin embargo, dejamos a su disposición nuestro correo electrónico en caso de que necesiten obtener el documento original: comitescuencariosonora@gmail.com

No queremos esperar a que los metales se sigan acumulando en nuestros cuerpos y territorios. Por ello, los Comités de Cuenca del Río Sonora seguiremos luchando para obtener agua de calidad, inocua, y apta para el consumo humano.

Atentamente:
Justicia, Remediación, y No Repetición

Segunda Sala de la Suprema Corte revoca amparo ganado por los Comités de Cuenca Río Sonora

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió hoy votar a favor del proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, que revoca un amparo ganado por los Comités de Cuenca Río Sonora relacionado a la clausura de dos pozos contaminados a raíz del derrame tóxico de Grupo México, en 2014.

Así como ignoramos qué motivó a la ministra Esquivel a usar su tiempo para hacer un proyecto que revierte lo ganado por las comunidades del Río Sonora en cuanto al reconocimiento de que existen pozos contaminados, también ignoramos qué consideraciones tomó en cuenta la Segunda Sala para votar a favor del proyecto.

Los Comités de Cuenca Río Sonora y PODER, como organización que ha acompañado a las comunidades de la región en la defensa de sus derechos, manifestamos que este fallo evidencia lo lejos que están quienes imparten justicia, de quienes viven en carne propia, y diariamente, las consecuencias de la contaminación de Grupo México.

Desde el 6 de agosto de 2014, la primera exigencia de las comunidades ha sido que se garantice el acceso al agua limpia y suficiente. Seis años después, ese derecho sigue siendo ignorado.

Los Comités de Cuenca hemos denunciado la situación de los pozos en el Río Sonora desde hace seis años, y en este último aniversario, hace unos pocos días, hemos insistido en el tema. La mayoría de pozos están abiertos, pocos se han clausurado. Incluso los que son materia del fallo de la Corte hoy: el de La Labor nunca fue cerrado, a pesar del amparo que ganamos, y en Sinoquipe la misma comunidad no permitió que se reabra el pozo. Tampoco hay, que sepamos, planes de saneamiento o de reubicación de esos y de los demás pozos. Es por eso que no confiamos en el agua que llega a nuestras casas; esa agua proviene de los pozos, muchos de los cuales están localizados a menos de 500 metros del Río Sonora.

El titular de la Cofepris, en diciembre de 2019, mencionó públicamente que se habían tomado muestreos a pozos de la región y confirmó que la contaminación persistía.

PODER tuvo acceso, a través de solicitudes de transparencia, de los resultados de esos muestreos: todas las muestras que contienen arsénico tienen valores por encima de los de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS); en el caso del plomo cerca del 80% de las muestras excede la referencia (el municipio de Hermosillo es el que en promedio tiene los valores más altos de arsénico y plomo). Y aunque las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son mucho más laxas que las internacionales, se encontró que 5 de las 44 muestras que tienen datos para plomo están por encima de la NOM en los municipios de Arizpe, Hermosillo y Ures, mientras que 48 de 54 muestras están por encima de la NOM en arsénico. Ambos metales, arsénico y plomo, son bioacumulables y representan un alto riesgo de salud, de acuerdo a la OMS. La Cofepris concluyó que deben hacerse muestreos en 2020. No sabemos si éstos se han realizado.

Por eso, más allá del fallo de la SCJN, y tomando en cuenta las evidencias recientes y el reconocimiento de la misma Cofepris sobre la presencia de concentraciones de metales pesados en el agua de los pozos del Río Sonora, sostenemos que no es posible apresurarse a reabrir pozos ni generar la “falsa seguridad” de que no hay contaminación en el agua para consumo humano y uso doméstico en el Río Sonora.

Es urgente que la Cofepris realice, lo antes posible, monitoreos de la calidad del agua de los pozos y que las comunidades tengan acceso completo y oportuno a los resultados de esos estudios. Y, de acuerdo a las conclusiones, esos pozos tendrían que ser reubicados o saneados, si es que sigue demostrándose la presencia de contaminación. No sólo apelamos a la Cofepris. Las tres instancias de gobierno están en la obligación de atender estas exigencias; las exhortamos a que estén a la altura de las circunstancias. Además, insistimos en que el proceso debe ser participativo y supervisado por las comunidades.

La lucha sigue, hasta lograr justicia en el Río Sonora, y garantías para la no repetición de la tragedia de 2014.

Hermosillo y Ciudad de México, 26 de agosto de 2020