#5AñosDeImpunidad

A 5 años del derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi, y a pocos días de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que podría ser histórico, los Comités de Cuenca Río Sonora y organizaciones aliadas los invitamos al acto público y mensaje a medios que llevaremos a cabo, afuera del edificio de la SCJN, el próximo lunes 5 de agosto, a las 11 am. ¡Justicia YA para el Río Sonora!

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Bacanuchi logra compromiso sin precedentes de Semarnat: gobierno revisará impactos de mina de Grupo México

  • El pasado 5 de julio, la Secretaría llevó a cabo una reunión pública de información para cumplir con el mandato de la SCJN.
  • “Llegan con siete años de retraso”, observaron habitantes, quienes reclamaron la total impunidad de la minera y la desidia de las autoridades.
  • Representantes de la Semarnat se comprometieron a que gobierno abrirá proceso de participación de las comunidades y de evaluación de la actividad minera.

Bacanuchi, Sonora, 8 de julio de 2019.- En la Reunión Pública de Información organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el pasado 5 de julio, la comunidad de Bacanuchi logró revertir lo que parecía ser un “mero trámite” de la autoridad ambiental, al lograr que ésta se comprometiera a abrir un proceso de participación “que no se cerrará hasta que las comunidades estén tranquilas y conformes” frente a las actividades de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México.

La reunión, que se desarrolló en la plaza pública ante la presión de la comunidad (cuando estaba convocada en un pequeño salón de la escuela), y que contó con la presencia de Cristina Martin, titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones de la Semarnat federal, así como de representantes de la Delegación de la Semarnat en Sonora, tenía por objeto que la autoridad informara a la comunidad sobre el proyecto “Nueva Presa de Jales de Buenavista del Cobre”, cuyo Informe Preventivo fue presentado por Grupo México en 2013 y autorizado ese mismo año. Ni la Semarnat ni Grupo México informaron oportunamente sobre la realización de este proyecto a las comunidades ubicadas en su área de impacto.

En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció que el derecho a la participación en asuntos medioambientales de la comunidad de Bacanuchi había sido violentado, al no haber tenido ésta la oportunidad de participar en el proceso de autorización del proyecto. Cabe señalar que la comunidad se enteró de la obra en 2016 al observar movimientos en la zona, cuando la presa ya estaba en construcción.

Aspecto de la Reunión Pública de Información en Bacanuchi. Asistieron 200 personas, aproximadamente.

La reunión contó con la presencia de unas 200 personas de las comunidades, además de integrantes de varias organizaciones de defensa de derechos humanos como observadoras, entre ellas autoridades de la Tribu Yaqui, de la Red TDT y Serapaz. También asistieron representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

En el evento, el biólogo Germán Daniel González Siqueiros, jefe de la Delegación Ambiental de la Semarnat de Sonora, fue el encargado de la presentación, con el que informó a los participantes de las bondades del proyecto, asegurando que no hay riesgo alguno para las comunidades y que la presa se autorizó bajo la norma. Sin embargo, inmediatamente después de su participación, María Elena Bustamante, del Comité de Cuenca de Bacanuchi y una de las firmantes del amparo que dio inicio a este proceso, preguntó: “¿Por qué hasta ahora vienen a informarnos? Llegan con siete años de retraso.” Otras críticas se sucedieron a esta, relativas a que la presentación se hizo en un lenguaje técnico poco apto para la comunidad y a que la autoridad ha tenido un papel vergonzoso al autorizar una obra peligrosa “tras el escritorio, sin tomar en cuenta a la comunidad pero sí a Grupo México”.

En la reunión fueron recurrentes las preocupaciones compartidas por la comunidad sobre la salud de las personas y de los animales, la contaminación del agua, la tierra y el aire, la afectación económica y sobre el peligro de que una presa que puede almacenar 50 mil veces más desechos tóxicos que los derramados en 2014 por la mina Buenavista del Cobre pueda romperse y “arrasar con Bacanuchi”.

Oscar Pineda, investigador senior de PODER entregó a la autoridad, a solicitud de la comunidad, un documento con observaciones al Informe Preventivo del Proyecto, que presenta argumentos sustanciales sobre cómo la presa de jales amenaza los derechos humanos y viola la normatividad ambiental. El documento se puede descargar aquí.

A los reclamos de Bacanuchi se sumaron además los de asistentes de otras comunidades de la cuenca del río, como Aconchi y Banámichi: “Si está en peligro Bacanuchi, están en peligro todas las comunidades del Río Sonora”. Exigieron que Semarnat y la Profepa lleven a cabo un proceso de evaluación de todas las actividades mineras de la cuenca.

Participación de la comunidad en la Reunión Pública de Información en Bacanuchi.

“Esto no se termina aquí. No vamos a descansar hasta asegurarnos que ustedes puedan vivir tranquilos -dijo Cristina Martin, a nombre del titular de la Semarnat, Víctor Toledo-. La funcionaria se comprometió a que Profepa vigilaría que Buenavista del Cobre esté cumpliendo con las medidas de prevención y mitigación, a revisar los permisos de las empresas mineras, a realizar planes de contingencia ante emergencias, y a organizar nuevas sesiones de diálogo con las comunidades del Río Sonora “para contestar con información adecuada, comprensible y oportuna todas las dudas que ustedes tengan”. Adicionalmente, se manifestó por promover cambios en su marco normativo y regulatorio “para propiciar la participación de las comunidades en proyectos mineros, aun cuando se trate de informes preventivos”.

“Lo que sucedió en la reunión, el compromiso de la Semarnat, es algo sin precedentes que han logrado las comunidades organizadas, opinó Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, quien aseguró que esta es una gran oportunidad para que la autoridad realmente haga su trabajo como reguladora, protegiendo el medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas frente a actividades económicas de alto impacto ambiental”.

“Estamos contentas con el resultado” -opinó María Elena Bustamante al finalizar la reunión-. Es un paso más que hemos logrado”. “Ahora falta que en las siguientes reuniones se le dé seguimiento a los acuerdos. Esperamos que las autoridades vengan con respuestas y, sobre todo, que nos den seguridad para el futuro”, dijo Alicia Miramón, quien asistió a la reunión en representación de sus padres, firmantes del amparo. “Tenemos esperanza de que esta vez la participación sea efectiva”, añadió Francisca García, también representante del Comité de Cuenca de Bacanuchi.

Descarga más fotos de la Reunión Pública de Información en el siguiente enlace: https://share.mayfirst.org/s/Qt9JM79oBqsEEck

Juzgado pospone reunión pública de información en Bacánuchi sobre nueva presa de jales de Grupo México

  • Reconoce el Juzgado Noveno de Distrito en Agua Prieta, Sonora, que la reunión se había convocado precipitadamente.
  • El aplazamiento “es una oportunidad para que la Semarnat implemente un proceso de participación ejemplar, de acuerdo a las mejores prácticas y acuerdos internacionales”: PODER.

Ciudad de México, 13 de mayo de 2019- El Juzgado Noveno de Distrito en Agua Prieta (Sonora) informó sobre el aplazamiento de la reunión pública en relación a la nueva presa de jales de Grupo México, que llevaría a cabo la Semarnat en Bacánuchi, el martes 14 de mayo, e instruyó para que la autoridad ambiental fijara una nueva fecha para esta reunión.

En el acuerdo, fechado el 10 de mayo, se puede leer que la jueza novena de distrito “deja sin efecto la fecha y hora señalada para el desahogo de la reunión pública de información ordenada en la sentencia de amparo en revisión 365/2018, dictada por la Segunda Sala de la SCJN” e instruye que, en su lugar, la Semarnat defina una nueva fecha “para que los quejosos cuenten con mayor tiempo para preparar su asistencia”.

Este acuerdo del juzgado se dio en respuesta a una promoción entregada por la parte quejosa en la que, en representación de toda la comunidad, pedía declarar ilegal la reunión informativa debido a que la Semarnat fijó características que no hacían honor a la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del pasado 5 de septiembre, donde garantizó el derecho a la participación de la comunidad de Bacánuchi en temas ambientales que le afectan (en este caso, la nueva presa de jales de Grupo México, ubicada a 27 km de la comunidad).

Si bien se aplazó la reunión, “el juzgado no está atendiendo nuestros argumentos para la mejor implementación de la sentencia de la SCJN, principalmente aquellos que tienen que ver con la participación plena de la comunidad y los mecanismos para asegurar que esta participación sea efectiva”, opina Luis Miguel Cano, abogado de PODER y parte del equipo legal que acompaña a la comunidad en este proceso. La comunidad de Bacánuchi interpondrá un recurso para que se acate a cabalidad la sentencia de la Suprema Corte.

En ese mismo sentido, Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, se pronuncia por que esta prórroga del juzgado “sea una oportunidad para que la Semarnat pueda implementar un proceso de participación para Bacánuchi que sea un ejemplo de buenas prácticas y tome lo mejor de los acuerdos internacionales en la materia; que garantice la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el derecho de las comunidades a vivir en un medio ambiente sano, tal y como lo estipula el Acuerdo de Escazú, del que México es firmante. Bacánuchi puede ser un ejemplo de cómo llevar un proceso de participación activa, libre, informada y efectiva”.

Se espera que la reunión de información en Bacánuchi se convoque a partir de la segunda semana de junio, de acuerdo a instrucciones de la jueza.

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Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) agrupan a personas afectadas por el derrame de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. Los conforman habitantes de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.

http://www.ComitesCuencaRioSonora.wordpress.com

El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es una organización regional, no gubernamental, sin fines de lucro. Su misión es fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina, desde una perspectiva de derechos humanos, y fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo. PODER logra esto mediante la investigación empresarial estratégica, las tecnologías de transparencia, la organización comunitaria y la vinculación estratégica para construir un movimiento ciudadano a favor de la rendición de cuentas empresarial.

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Más información:

María Fernanda Wray, responsable de comunicación externa de PODER

comunicacion@projectpoder.org

Reunión pública de información en Bacánuchi no acata la sentencia de la SCJN

  • Se notificó que la reunión pública de información sobre la nueva presa de jales de Grupo México será el próximo martes 14 de mayo a las 11 am, en Bacánuchi, Sonora.
  • La Semarnat desacata, en varios puntos, lo estipulado por la Suprema Corte. “Sería una violación al derecho a la participación y una simulación para avalar el proyecto de la empresa, si se llevara a cabo la reunión en los términos anunciados por la autoridad”, advierten comunidad y organizaciones.
  • Esta es la primera vez que la Semarnat de la 4T organiza un ejercicio de participación: “Les instamos a implementar los más altos estándares internacionales”, dice PODER.
El río Bacánuchi, contaminado por desechos tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, en 2014. La nueva presa de jales podría contener 80 mil veces más desechos tóxicos que los derramados entonces. Foto: PODER

Ciudad de México, 9 de mayo de 2019- En una reunión para informar “respecto a la autorización del informe preventivo del proyecto Nueva Presa de Jales, perteneciente a la empresa Buenavista del Cobre” y en la cual “los quejosos podrán manifestar sus posibles sugerencias”, quedó el esperado proceso de participación que exige la comunidad de Bacánuchi, Sonora, ante los avances del nuevo megaproyecto de Grupo México, a escasos 27 km de la población.

En la notificación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), delegación Sonora, recibida en Bacánuchi el pasado 6 de mayo por las 42 quejosas del juicio, se advierten varias inconsistencias, entre ellas, que se convoca a la comunidad a informarse sobre la “autorización” ya dada del proyecto y no sobre el proyecto en sí mismo; limita la participación de la comunidad y obliga a las y los asistentes a que den “posibles sugerencias” en ese momento, sin ni siquiera tener un tiempo de reflexión. Nada se dice de lo que pasaría después de la reunión, es decir, si la autoridad va tomar en cuenta lo que la comunidad decida sobre el proyecto.

“Es el primer ejercicio de este tipo organizado por la Semarnat en el sexenio, y esperábamos que cumpliera con las pautas establecidas en el Acuerdo de Escazú; que observara los mayores estándares internacionales y que promoviera una participación activa, libre, informada y efectiva para esta comunidad que sufrió las consecuencias del peor derrame en la historia de la minería en México en 2014”, explica Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, organización que acompaña a los Comités de Cuenca Río Sonora en este proceso. “En definitiva, esperábamos que Bacánuchi pudiera obtener información amplia, no sólo sobre la nueva presa de jales de Grupo México, sino del total de proyectos de expansión que la empresa pretende instalar en la región, además de expresar sus dudas y preocupaciones; llegar a conclusiones con suficiente análisis y, por supuesto, decidir si quiere el proyecto o no, y cómo.

Bacánuchi fue noticia en los medios el pasado septiembre cuando se dio a conocer una histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la cual el Máximo Tribunal reconoció la violación del derecho a la participación de esta comunidad no indígena, frente a la construcción de la nueva presa de jales de Grupo México, e instruyó a la Semarnat a realizar una reunión pública de información para resarcir este daño y asegurar la participación plena de la comunidad en referencia al proyecto.

“La reunión pública de información debería reflejar, al menos, lo que estipula la SCJN. Con esta notificación claramente se observa una tendencia a disminuir la participación de la comunidad y a no darle la voz que la Corte ya le otorgó. De la Semarnat depende evidenciar el real compromiso del gobierno con la gente de Bacánuchi o armar una simulación para seguir favoreciendo a la clase privilegiada, en este caso, al grupo de Germán Larrea”, comenta Luis Miguel Cano, abogado de PODER y parte del equipo legal que acompaña a las comunidades del Río Sonora.

Maribel Bustamante es de Bacánuchi y una de las firmantes en el juicio de amparo que dio pie a esta sentencia. Para ella, “no puede haber participación si no podemos decidir y si no van a tomar en cuenta nuestra opinión. Se supone que para eso fue lo que ganamos en la Suprema Corte. Ellos (Grupo México) se están tomando la libertad de venir aquí y hacer lo que quieran. Parece que la comunidad está pintada. No tenemos ni el derecho de decir que no entren, como si fueran ellos de aquí, de Bacánuchi”.

La nueva presa de jales de Grupo México está a 27 km de Bacánuchi. La obra sigue su curso. Foto: PODER

En el mismo sentido se pronuncia María Elena Bustamante, representante común de las firmantes. “Desde que (Grupo México) pensaba hacer la obra debió habernos preguntado. Violaron nuestros derechos desde el principio. Y si no nos toman en cuenta ahora, siguen violando los mismos derechos”. Como “una pesadilla” nombra a la presa de jales de Grupo México: “no podemos vivir, no podemos dormir con la angustia de que en cualquier momento esa presa, como la otra de hace cinco años, se rompa y borre nuestra comunidad”.

Las firmantes del juicio de amparo, a nombre de la comunidad de Bacánuchi, presentarán hoy una promoción al juzgado Noveno de Distrito en Agua Prieta (Sonora), para demandar la ilegalidad de la reunión convocada por la delegación estatal de Semarnat en las condiciones en que se presenta en la notificación y para pedir que se conceda una ampliación razonable del plazo para el cumplimiento de la sentencia de la SCJN.

Para Fernanda Hopenhaym, de PODER, la Semarnat puede rectificar: “Tiene aún la oportunidad de revisar el procedimiento y llevar a cabo un proceso genuino de información y participación a favor de Bacánuchi”.

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Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) agrupan a personas afectadas por el derrame de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. Los conforman habitantes de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.

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Presencia de los Comités de Cuenca Río Sonora en Ginebra

Thelma-y-FH-2-1024x576Thelma Moiza, representante de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), y habitante de la comunidad de Bacánuchi, participó, durante esta semana, en el Foro sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. El objetivo: levantar la voz sobre las violaciones a los derechos humanos de la empresa minera Grupo México, a raíz del derrame tóxico de 2014, e intercambiar puntos de vista sobre la experiencia de organización y lucha de las comunidades y, especialmente, de las mujeres defensoras.

Thelma estuvo presente en diversos espacios, donde pudo compartir su experiencia con representantes de otras comunidades, organizaciones y delegaciones del mundo. “Queremos justicia, reparación del daño y no repetición. Y queremos participación: tomar decisiones sobre lo que nos afecta”, sostuvo.

En el encuentro Defender el derecho a participar en asuntos ambientales para las comunidades afectadas: sentencia de la Suprema Corte de Justicia manifestó la importancia de unir y sumar esfuerzos entre comunidades rurales (las que ella representa) y comunidades indígenas, y tuvo la oportunidad de compartir su caso con miembros del Grupo de Trabajo de la ONU, además de hacer una petición para darle seguimiento a este caso.

Thelma participó en el panel Debida diligencia y remediación, ¿es una posible sin la otra?, en conjunto con participantes que expusieron los casos de abusos de derechos humanos cometidos por empresas mineras de oro en Tanzania y de cobre en México, y trabajadores de la industria textil en Pakistán. En este espacio, Thelma pudo escuchar y opinar sobre varios temas críticos relativos a la responsabilidad de la diligencia debida de una empresa; si debería de dejarse la remediación a las empresas o es el papel del Estado, o sobre la responsabilidad que tienen los inversionistas para asumir la diligencia debida y garantizar el remedio. Además, los y las participantes compartieron ideas sobre cómo pueden proponerse soluciones basadas en instrumentos de leyes duras y blandas por y para estos actores.  La organización del panel estuvo a cargo de Amnistía InternacionalSOMO, Clean Clothes Campaign, Sherpa, OECD Watch, PODER, Rights and Accountability in Development (RAID) y Global Witness.

La representante comunitaria pudo estar presente durante el Caucus indígena, evento previo y parte esencial del Foro, para generar un posicionamiento y externar las preocupaciones de los pueblos y comunidades indígenas del mundo. En dicho evento se compartió la visión de encontrar puntos en común entre comunidades indígenas y no indígenas que sufren impactos similares en los derechos humanos por la actividad empresarial.

La defensora, representante de las siete comunidades afectadas por el derrame, pudo participar también en el Foro sobre Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos, como parte de la invitación que le hizo la organización International Service for Human Rights, junto con otras personas afectadas de Latinoamérica y otras expertas y expertos de diferentes sectores.

Dicha experiencia pudo acercar a los CCRS a actualizar la información sobre el caso Río Sonora al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, particularmente a su presidente actual, Surya Deva; comentar los impactos de la actividad extractiva minera en México y compartir propuestas y sugerencias sobre posibles acciones.

Por último, en un espacio para mujeres defensoras, organizado por Oxfam México y PODER, Thelma intercambió experiencias con representantes de varios países, sobre los impactos diferenciados de las violaciones a los derechos humanos en las mujeres.

El equipo de PODER la acompañó durante estas jornadas en las que la defensora participó gracias al apoyo de la Unión Europea.

Caso Río Sonora: Tribunal Latinoamericano del Agua responsabiliza al Estado mexicano

En la semana del 22 al 26 de octubre de 2018, se llevaron a cabo las Audiencias de Juzgamiento del Tribunal Latinoamericano del Agua, en la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO).

Uno de los casos expuestos fue el de las posibles afectaciones a los derechos del agua, la salud y el medio ambiente sano, a causa del derrame de 40,000 m3 de solución de sulfato de cobre acidulado proveniente de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, en Cananea, Sonora.

Después de escuchar a los representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora, organización integrada por los habitantes de los municipios afectados: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures y Hermosillo, el Tribunal llegó a un veredicto que señala y responsabiliza al Estado mexicano por incumplir con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento, a la salud, a la alimentación, a la vivienda y al medio ambiente.

Además, hace una serie de recomendaciones que incluyen desarrollar un plan de infraestructura hidráulica, clausurar los pozos contaminados, monitorear sistemáticamente la calidad del agua, realizar un estudio epidemiológico a toda la población de la cuenca y pedir a la Conagua una revisión exhaustiva del incumplimiento de las obligaciones de la empresa responsable del derrame (Buenavista del Cobre S.A. de C.V.), entre otros.

El Tribunal destaca que en todos los casos, esto se debe hacer con la participación libre e informada de las comunidades afectadas.

–> Descargar el veredicto del Tribunal Latinoamericano del Agua (PDF).

–> Ver video de la audiencia en el Tribunal Latinoamericano del Agua.

Revés para Grupo México: SCJN falla a favor de Bacánuchi en caso presa de jales

• Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte sentencia que la comunidad de Bacanuchi tiene derecho a la participación en temas medioambientales.

• Si bien no se conoce la sentencia definitiva, ésta podría implicar que Grupo México detenga por completo la construcción y ampliación de una presa de jales, megaobra de más de 65 hectáreas, en Cananea, Sonora, hasta que exista plena participación y decisión de los habitantes de Bacanuchi.

• La sentencia es histórica. “Es un precedente importante para casos similares de comunidades que se enfrentan a megaproyectos”: abogado Luis Miguel Cano.

Ciudad de México, 5 de septiembre de 2018 En un fallo considerado “histórico”, y un precedente para los casos de las comunidades afectadas por megaproyectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió hoy la sentencia al amparo en revisión 365/2018, interpuesto por habitantes de Bacanuchi, Sonora, para reclamar su derecho a participar en temas medioambientales. La decisión tomada por los cinco ministros y ministras de la Segunda Sala fue de cuatro votos a favor y uno en contra.

Benjamín Cokelet, codirector ejecutivo fundador de PODER, explicó que el fallo implica un revés para el Grupo México. “Si yo fuera un inversionista de Grupo México, estaría preocupado por esta sentencia. Podemos esperar que la empresa detenga por completo la ampliación de la presa de jales hasta que no se cumpla a cabalidad el proceso de participación y toma de decisiones sobre el proyecto por parte de la comunidad de Bacanuchi”.

Bacanuchi es una población seriamente afectada por el derrame de sulfato de cobree acidulado de 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi, por parte de la minera Buenavista del Cobre S.A. de C.V., propiedad del Grupo México. Al darse cuenta, en 2016, que la misma empresa estaba haciendo obras extensivas cerca de la comunidad, los habitantes se pusieron en alerta. Descubrieron que Grupo México estaba realizando una “ampliación” de una presa de jales, el lugar donde van a parar los desechos sólidos y líquidos resultantes del proceso de extracción de minerales. Esta nueva obra, de más de 65 hectáreas, reuniría 80 mil veces más desechos tóxicos que los derramados en 2014. Bacanuchi se encuentra en el área de afectación directa de este proyecto.

“Hoy estamos contentas. Volvemos con una buena noticia para nuestras comunidades”, dijo Maribel Bustamante, quien junto con María Elena Bustamente estuvieron presentes en la SCJN para conocer el fallo. Ambas son representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora y habitantes de Bacanuchi. “Con este fallo tal vez nos aseguramos de que no haya otro desastre como el de 2014. No queremos que nuestros hijos y nietos sigan sufriendo. Queremos justicia para las familias, las comunidades y las personas que hemos sido tratadas como animales por la minera”, explicó. Con una sonrisa, María Elena Bustamante quiso enviar un mensaje a la Corte: “A nombre de las comunidades del Río Sonora, agradecemos a los ministros por darnos voz”.

Luis Miguel Cano, abogado de PODER, quien lleva el caso en representación de los Comités de Cuenca Río Sonora, afirmó que “hay que celebrar, aunque con cierta cautela, porque aún no se conocen exactamente los términos de la sentencia”. Sin embargo, para Cano, “lo que esperamos es que la participación no sea una simulación, sino que sea un proceso efectivo y completo de información, diálogo y respeto a las decisiones las comunidades”.

Cano agregó que la sentencia “es también un precedente importante para otros casos similares en los que las comunidades y personas organizadas luchan contra la falta de información y por su derecho humano a la participación ante los megaproyectos”.

Acerca de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS): Agrupan a personas afectadas por el derrame de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre S.A. de C.V. Los conforman habitantes de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.

Relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas expresa su preocupación por la salud de los afectados por derrame en el Río Sonora

• El caso de la nueva presa de jales del Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., propiedad del Grupo México, “suscita numerosas cuestiones, tanto de procedimiento como sustantivas, sobre las obligaciones del Estado mexicano previstas en el derecho internacional de los derechos humanos”, dice Baskut Tuncak en una carta dirigida a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• “Me resulta preocupante que la información necesaria no se encontrara disponible ni accesible para que la población pudiera participar de forma significativa”, añade.
• Este miércoles 5 de septiembre se espera el fallo de la SCJN relativo a este caso.

Ciudad de México, 4 de septiembre de 2018 – En una carta publicada anoche, Baskut Tuncak, relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas, manifestó a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México su gran preocupación por la falta de mecanismos efectivos de participación de las comunidades de las cuencas del Río Sonora ante el proyecto de ampliación de una presa de jales del Grupo México.

La carta, publicada en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), se difunde horas antes del esperado fallo de la SCJN al juicio de amparo interpuesto en 2016, y admitido en la Suprema Corte el pasado abril, que busca que las y los habitantes de Bacánuchi, en la cuenca del Río Bacánuchi, participen en la decisión sobre la ampliación de esta presa, propiedad de la minera Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. (Grupo México). (Se puede leer la carta completa, en su versión en inglés, aquí: Carta original en el sitio de la ACNUDH).

Con un área de más de 6,535 ha y una cortina de casi 200 m de altura, la presa sería el cuerpo de agua más grande del estado de Sonora y tendría 80 mil veces más capacidad de almacenamiento de desechos tóxicos que los derramados en 2014, en la misma zona, cuando sucedió el que es considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México. El Grupo México ha reconocido que Bacánuchi está dentro del área de afectación directa de este proyecto.

En la carta, Tuncak observa que “las presas de jales tienen un historial de fallas, liberando residuos tóxicos y peligrosos en las comunidades”, y recuerda casos de importancia mundial como el mismo del Río Sonora (2014) y el de Bento Rodrigues en Brasil (2015). Además, añade que “la extracción de metales y minerales conlleva serias amenazas, entre otros, a los derechos a la vida, al nivel más alto de salud y al agua potable, por la exposición de las comunidades afectadas a sustancias tóxicas”.

En una visita académica a Sonora el pasado mayo, el relator tuvo oportunidad de escuchar de viva voz a representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora y comprobar personalmente las graves condiciones de vida de las familias afectadas por el derrame de 2014. Además, en la Ciudad de México se reunió con otras organizaciones y comunidades que están enfrentando a megaproyectos en todo el país (más información sobre esa visita, aquí: Comunicado de PODER).

En el reciente documento, el relator Tuncak destaca que “la participación pública efectiva requiere que la información esté disponible, sea accesible y presentada en forma apropiada para la comunidad afectada. En el presente caso, me resulta preocupante que la información necesaria no se encontrara disponible ni accesible para que la población pudiera participar de forma significativa”.

El relator especial de la ONU recuerda a los ministros/as que el Estado mexicano tiene claras obligaciones bajo el derecho internacional “de hacer efectivos los derechos de acceso a la información y a la participación pública en asuntos medioambientales, los que se encuentran relacionados de forma recíproca e interdependiente”, y menciona al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1981), la Declaración de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la Declaración de Dubái sobre la Gestión de los Productos Químicos (2006) y el Preámbulo del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (2015), además del Acuerdo de Escazú, el cual se espera que México firme próximamente.

Acerca de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS): Agrupan a personas afectadas por el derrame de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre. Los conforman habitantes de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.