Tribunal dicta medidas urgentes para garantizar la atención médica a los niños de Bacanuchi, en el Río Sonora

Hermosillo, 25 de mayo de 2020.- El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Hermosillo dictó medidas favorables a Bacanuchi, en el Río Sonora, para resolver de manera urgente la falta de atención médica en la comunidad, como respuesta al juicio de amparo promovido por seis niños, de entre nueve y doce años de edad, y sus madres, como sus representantes legales.

En el amparo se alegan violaciones al derecho a la salud, a los derechos de la infancia, al derecho a la información, y al derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, en relación con los derechos a la movilidad y a la vivienda; además, se resalta la existencia de violaciones derivadas de medidas regresivas del Estado mexicano.

Bacanuchi, en el municipio de Arizpe, de alrededor de 200 habitantes , contaba con un Centro de Salud Rural que había operado desde 2002, aproximadamente. Sin embargo, hace tres años, las autoridades cerraron el Centro de Salud sin explicaciones. Desde entonces, las y los habitantes de la comunidad se ven obligados a automedicarse, o a trasladarse por dos o tres horas (dependiendo del estado del camino) a Cananea o Arizpe para obtener atención médica básica. De acuerdo con sus testimonios, estos viajes pueden costar entre $1,300 y $4,500 pesos, tomando en cuenta los gastos de gasolina, hospedaje y medicinas.

Los niños y sus madres, con el acompañamiento jurídico de PODER, presentaron el amparo el 7 de mayo pasado, tras no recibir una respuesta satisfactoria a sus demandas en la Secretaría de Salud del estado y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). En el escrito del juicio se solicitaba la suspensión de plano a favor de todos los niños para que pudiesen contar con servicio médico en la propia comunidad y abasto de medicamentos.

El amparo fue interpuesto en contra de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, la Gobernadora del Estado de Sonora, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Tres, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Ayuntamiento de Arizpe, el Director General de Transporte Público del Estado de Sonora, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Junta de Caminos del Estado de Sonora y, a reserva de poder contar con mayor información, la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora.

Si bien el juicio fue admitido a trámite, previo a la admisión el Juzgado decretó la suspensión de plano a favor de uno solo de los niños. La parte quejosa interpuso un recurso para que se incorporara a los demás niños a la suspensión, insistiendo en que la prestación de servicio médico debe ser en la propia comunidad y subrayando las dificultades en los traslados.

Al resolver el recurso, el 15 de mayo pasado, el Primer Tribunal Colegiado amplió la suspensión a los otros niños promoventes y dictó medidas para proveer atención médica integral a los niños en Bacanuchi, inclusive mediante el envío de una unidad móvil a la comunidad. También precisó que si los niños llegaran a presentar padecimientos que requieran tratamientos más complejos, deben ser trasladados con el máximo cuidado a las instalaciones de salud pública más cercanas y brindarles los medicamentos correspondientes. Asimismo, subrayó que el Ayuntamiento de Arizpe debe proporcionar transporte gratuito a los niños que requieran ser trasladados.

El Tribunal indicó también que las medidas dictadas benefician a toda la comunidad, puesto que de acuerdo al derecho a la salud no se podría limitar el servicio médico únicamente a los niños que presentaron el amparo.

A pesar de que la suspensión fue dictada con carácter de urgente, al día de hoy las y los habitantes de Bacanuchi siguen esperando el cabal cumplimiento de estas medidas.

Bacanuchi es conocida por llevar adelante una lucha por sus derechos frente al gigante de la minería, Grupo México, desde que la comunidad fue seriamente afectada por el derrame tóxico en el 2014 y por la construcción de la nueva presa de jales de la minera, a partir de 2016. Es también la comunidad a favor de la cual falló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la nueva presa en septiembre de 2018, por la violación a su derecho a participar y con ello inició un proceso de diálogo con las autoridades ambientales. Muchos de sus habitantes participan activamente en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).

SCJN confirma que convenio de extinción de Fideicomiso Río Sonora queda sin efecto; se abre camino para la remediación ambiental

  • “Se violó el derecho a la participación”, señalan ministros por unanimidad. Disponen reunión pública de información.
  • Las autoridades deberán escuchar a las afectadas y emitir nuevas recomendaciones sobre la remediación ambiental.

Ciudad de México, 30 de marzo de 2020.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo público el engrose de la sentencia del asunto 640/2019 relativo a la extinción del Fideicomiso Río Sonora y la conclusión del programa de remediación ambiental. Gracias al documento se puede confirmar que el máximo tribunal dejó sin efecto el convenio de extinción del Fideicomiso, mecanismo que, para las comunidades afectadas por el derrame tóxico de Grupo México en 2014, se cerró unilateralmente sin haber cumplido con el proceso de remediación y reparación de los daños. La SCJN determinó que, mientras no se implemente un proceso de participación de las representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora, firmantes del amparo, y estas no queden conformes con la remediación, el Fideicomiso no puede cerrarse.

 La SCJN reconoció que Grupo México y las autoridades debieron consultar y dar participación a las personas afectadas.

En la sentencia, la SCJN reconoce que las autoridades ambientales y la empresa Buenavista del Cobre (Grupo México), como firmantes del Convenio que dio paso al Fideicomiso, debieron consultar y dar participación a la parte quejosa –en este caso, personas afectadas firmantes del amparo, representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora– antes de la creación de este mecanismo y de la aprobación de los programas de remediación. Además, las afectadas debieron ser consultadas antes de dar por cumplidas las medidas correctivas, y previamente a concluir que el Fideicomiso cumplió su cometido y decidir su extinción. El no haberlo hecho, “viola el derecho de los demandantes a participar de manera informada en aquellos asuntos que pudieran afectar su derecho al medio ambiente sano”, se lee en la sentencia.

La Corte dispuso la realización de una reunión pública de información, en la cual, entre otras cosas, debe explicarse a las afectadas las medidas de remediación realizadas en su momento por el Fideicomiso, y darles oportunidad de manifestar su conformidad o inconformidad, así como la posibilidad de proponer otras medidas, y desahogar y valorar pruebas. En dicha reunión las autoridades también deberán explicar cómo fue que se cercioraron de que los fines del Fideicomiso se cumplieron y dar oportunidad a las afectadas de manifestarse al respecto. Una vez hecho esto, “y habiendo escuchado también a las empresas responsables del derrame, las autoridades competentes deberán emitir una nueva determinación respecto del cumplimiento de las medidas correctivas”, señala la SCJN.

La Corte dispuso la realización de una reunión pública de información, en la cual deberán explicarse las medidas de remediación realizadas por el Fideicomiso.

Elba Nidia Aguirre, representante de los Comités de Cuenca Río Sonora y firmante del amparo, está contenta por la sentencia de la SCJN, pero añade: “Ya no queremos promesas. Exigimos resultados. Queremos que nos demuestren qué medidas se tomaron para la remediación integral del río y el medio ambiente. Que nos demuestren que el territorio está seguro para todos los habitantes del Río Sonora; que nos expliquen de qué manera se hicieron las pruebas y quién las hizo, para que vivamos tranquilos. Además de todo esto, hay mucha incertidumbre, y esta incertidumbre también está enfermando a las personas del Río Sonora”.

La sentencia no detalla tiempos y formas para llevar adelante este proceso. Al respecto, Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, señala que “esperamos que se garantice la participación con plazos adecuados y apegada a los estándares más altos, es decir, que sea libre, activa, significativa y con acceso a toda la información pertinente de forma culturalmente adecuada. Las autoridades deberán realmente tomar en cuenta las necesidades de las comunidades e implementar todos los pasos necesarios en aras de la protección del medio ambiente y la salud, respetando la participación efectiva de las mismas. Esta es una oportunidad única para traer la tan ansiada justicia al Río Sonora”.

La participación de las comunidades ante megaproyectos, en la agenda de la SCJN

Ciudad de México, 28 de enero de 2020.- Este miércoles 29 de enero la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría dictar sentencia sobre un amparo que concierne a todas las personas y comunidades en México que se ven afectadas por megaproyectos.

El amparo en revisión No. 578/20-9, promovido por los Comités de Cuenca Río Sonora, con el acompañamiento legal de PODER, pone en tela de juicio los Artículos 31 y 34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y los Artículos del 37 al 43 del Reglamento de la mencionada Ley en materia de evaluación de impacto ambiental, y cuestiona la forma actual de hacer consultas ambientales, especialmente los procesos de consulta a la población con relación a las Manifestaciones de Impacto Ambiental y, en ciertos casos, a los informes preventivos.

Un fallo a favor del amparo beneficiaría a comunidades y personas que se ven afectadas por megaproyectos.

En la actualidad, de acuerdo a la Ley, las comunidades afectadas por megaproyectos deben solicitar las consultas ambientales una vez que los promoventes del proyecto han presentado la Manifestación de Impacto Ambiental. El procedimiento deja toda la responsabilidad a las comunidades para la realización de la consulta, además de que implica que éstas deben saber de antemano que existe el proyecto y estar pendientes, por días, semanas o incluso años, de lo que se publica en la Gaceta Ecológica por Internet, en un país como México, donde apenas el 40% de las personas en comunidades rurales tiene acceso a la red.

Se tiene conocimiento de que el proyecto de sentencia avala la situación actual y falla contra el amparo de los Comités de Cuenca. Para Luis Miguel Cano, asesor legal de los Comités, “dejar la Ley como está implicamantener un proceso injusto e inequitativo para las comunidades, además de que conlleva la imposibilidad práctica de promover, en muchos casos, la participación, un derecho estipulado por las leyes nacionales y los tratados internacionales en la materia. Tomando en cuenta que un gran porcentaje de conflictos ambientales en el país comparten la falta de información y participación efectivas para las comunidades, esperamos que la mayoría de integrantes de la Segunda Sala voten por modificar el proyecto”.

Francisca García de la comunidad de Aconchi, en Sonora, representante común de las quejosas, opina que “muchas comunidades no tienen acceso a Internet, ni tienen conocimiento sobre estos procesos. La Ley, como está, es injusta para nosotros. No estamos de igual a igual. Las empresas llevan siempre las de ganar. Los ministros tienen una oportunidad de ponerse en nuestros zapatos y pensar en las condiciones injustas que tenemos para participar y opinar sobre los proyectos que nos afectan. Si fallan a nuestro favor, podrían ayudar a muchas comunidades en todo México”.

Suprema Corte concede amparo a las comunidades en relación al cierre del Fideicomiso Río Sonora

  • Es una ventana para que finalmente llegue la justicia al Río Sonora, coinciden los Comités de Cuenca y PODER.

Ciudad de México, 15 de enero de 2020.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió, por unanimidad, el amparo y protección a las comunidades del Río Sonora, en el caso relacionado con la extinción del Fideicomiso Río Sonora y la conclusión del programa de remediación ambiental (amparo en revisión 640/2019). El caso es el más importante de los interpuestos por los Comités de Cuenca Río Sonora que atrajo la Corte.

Recordemos que el Fideicomiso fue el mecanismo destinado por Grupo México y el gobierno de Enrique Peña Nieto para efectuar la reparación y la remediación de los daños causados por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, causado por la mina Buenavista del Cobre, en 2014.

Si bien habrá que esperar a que se publique la sentencia de la Segunda Sala de la Corte, a interpretación de la organización PODER, que acompaña y asesora legalmente a los Comités de Cuenca Río Sonora, con este fallo la Corte instruiría que el Fideicomiso sea reabierto o definiría nuevos mecanismos para que se realice la remediación y la reparación de los daños causados por el derrame tóxico de Grupo México, considerado el peor desastre ambiental de la historia de la minería en el país.

Al conocer la noticia, María de la Luz Contreras, integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora, comenta: “Estoy feliz. Es mucha la lucha para no haber recibido un aliento, una señal de que esto se arregle, que esto se remedie. Espero que cumplan con lo que habían prometido, como por ejemplo, con la clínica para los enfermos”. “La decisión de la Suprema Corte la recibimos con mucho agrado, con entusiasmo. Finalmente se está haciendo justicia –apunta Mario Salcido, también de los Comités de Cuenca.– Las empresas, como Grupo México, si hacen un mal, lo tienen que remediar, y en este caso, queremos remediación, agua limpia, sin metales pesados. Eso es lo que hemos estado pidiendo en estos años”.

De los tres casos sobre el Fideicomiso, interpuestos por los Comités de Cuenca Río Sonora, el de su extinción es el más importante porque impacta directamente en el bienestar de las personas afectadas y abre una ventana a la justicia en esa región, que por cinco años ha sido olvidada. Fernanda Hopenhaym, codirectora de PODER, señala que “esperamos que la sentencia defina mecanismos claros para que se efectúe la remediación tan esperada, con participación de las comunidades”. Añade que “El del Río Sonora es un caso emblemático y como tal, este fallo envía un mensaje importante: las empresas deben guardar los más altos estándares al realizar sus actividades y evitar daños, porque de lo contrario, no saldrán impunes si es que afectan a las comunidades y violan los derechos humanos”.

Otros dos casos de los Comités de Cuenca, relacionados con el Fideicomiso, fueron sobreseídos por la Corte: el que cuestiona la forma en cómo operó este mecanismo (amparo en revisión 384/2018) y el de la falta de apoyo al Proyecto de Reactivación Agropecuaria para la región (amparo en revisión 927/2018). Sin embargo, “pensamos que con el fallo favorable del caso de la extinción del Fideicomiso, algunos temas contenidos en estos otros dos amparos podrían también ser abordados, por ejemplo, el de la definición de los mecanismos para que se realice la remediación agropecuaria, tan necesaria”.

Suprema Corte decidirá mañana sobre Fideicomiso Río Sonora

Ciudad de México, 7 de enero de 2020.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictará sentencia sobre tres casos relacionados con el Fideicomiso Río Sonora, el próximo miércoles 8 de enero, de acuerdo a la lista de asuntos publicada en su portal de Internet.

Los tres casos, interpuestos por los Comités de Cuenca Río Sonora, cuestionan la forma en cómo operó este mecanismo (amparo en revisión 384/2018), su falta de apoyo al Proyecto de Reactivación Agropecuaria para la región (amparo en revisión 927/2018), y la extinción del Fideicomiso Río Sonora y la conclusión del Programa de Remediación Ambiental (amparo en revisión 640/2019). En agosto pasado, la SCJN determinó estudiar en conjunto estos tres casos.

Los Comités de Cuenca Río Sonora argumentan que el Fideicomiso Río Sonora realizó actos de autoridad al ser el principal mecanismo destinado a reparar los daños del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, causado por la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en 2014, ya que no hubo resarcimiento desde el Gobierno Federal ni por vía judicial. En la práctica, el Fideicomiso, presidido por el entonces subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rodolfo Lacy Tamayo, fue la autoridad destinada a efectuar la remediación, a pesar de ser un mecanismo privado y, como tal, debe hacerse responsable de sus actos y omisiones. Además, los Comités exigen la reapertura del Fideicomiso hasta que cumpla con la reparación total de los daños causados por el derrame.

Es preciso recordar que el Fideicomiso Río Sonora fue creado mediante un acuerdo entre la empresa Buenavista del Cobre y el gobierno de Enrique Peña Nieto, como solución para el resarcimiento y reparación de los daños causados por el derrame tóxico, conocido como el “peor desastre ambiental en la historia de la minería en México”, que ha afectado a más de 22 mil personas en siete municipios de Sonora.

El Fideicomiso, a través del cual la empresa y el Gobierno habían prometido dotar de agua limpia, atención a la salud y reactivación económica a las personas afectadas, se caracterizó por su falta de transparencia y las irregularidades en su operación. De los 2 mil millones de pesos comprometidos para llevar adelante las acciones de remediación, apenas se ejerció el 61% (1,231,367,946.29 pesos). Entre los gastos realizados destacan la entrega de sumas de dinero, supuestamente a personas afectadas, la compra e instalación de tinacos (bajo la promesa que servirían para guardar agua potable que nunca llegó), la obra negra de un centro de salud de especialidades que quedó inconcluso y gastos de publicidad cuatro veces mayores a los destinados a la atención en salud, para mejorar la imagen de la empresa. (Para más detalles sobre las irregularidades del Fideicomiso, ver esta investigación de PODER).

Durante estos cinco años, las personas afectadas de los siete municipios han seguido denunciando la falta de atención médica y el incremento de enfermedades en la región, el nulo acceso al agua limpia, y la enorme crisis que afecta al campo desde el derrame, en una región antes conocida por la calidad de su producción agropecuaria.

El Fideicomiso Río Sonora fue cerrado de manera unilateral el 2 de febrero de 2017, sin haber cumplido con la reparación prometida y sin dar aviso a las personas afectadas por el derrame, que se enteraron de la clausura seis meses después a través de una nota periodística.

Cabe destacar que la procuradora federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera, se pronunció sobre el Fideicomiso durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 12 de diciembre pasado, afirmando que éste había ejercido actos de autoridad y que “se trata del reconocimiento de un responsable de daño ambiental”.

“La empresa con el gobierno en turno manejaron el Fideicomiso Río Sonora a su antojo. Aquí nunca nos tomaron en cuenta como afectados. Hicieron las cosas como ellos quisieron. Fue un plan con maña. Por eso es tan importante que se reabra, que se reconozca que fue la autoridad responsable y que lo que hizo tenga consecuencias. También es importante que participemos hasta lograr la reparación total de los daños. Pido a los ministros que pongan la mirada en cada uno de los habitantes del Río Sonora, y que al decidir sobre el Fideicomiso piensen que somos seres humanos y merecemos ser respetados en la salud, en los derechos ambientales, en todos los derechos”, señaló Óscar Encinas, de los Comités de Cuenca Río Sonora, uno de los afectados y firmante de los amparos.

Además, “el hecho de que la SCJN pueda declarar al Fideicomiso Río Sonora como autoridad responsable y reconocer que un mecanismo privado ejerció actos de autoridad sería un hecho sin precedentes en el Derecho mexicano, y significaría un avance enorme para otros casos similares y un aporte para una mayor rendición de cuentas de las empresas”, afirmó Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER.

Urge plan de acción para la justicia, la reparación y la no repetición: Comités de Cuenca Río Sonora

  • Ya no queremos más discursos, sino certezas”, dicen comunidades, tras la reunión con autoridades federales en Sonora.
  • El presidente López Obrador anunció, en su conferencia matutina de hoy, que el próximo 23 de diciembre se presentará un plan concreto para dar solución al caso del derrame tóxico de Grupo México.
  • El Fideicomiso Río Sonora, una asignatura pendiente.

Hermosillo, 19 de diciembre de 2019.- Las personas afectadas por el derrame tóxico de Grupo México, organizadas en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), urgieron hoy al Gobierno Federal a implementar un plan con fechas precisas y acciones claras para asegurar el acceso a la justicia, la reparación y la no repetición de la tragedia de 2014, tras el encuentro de ayer en Ures, Sonora, con autoridades federales y las declaraciones del presidente López Obrador en “La Mañanera” de hoy.

“Se escuchan bien el discurso y las promesas de justicia del Presidente, los secretarios y las otras autoridades, pero todavía no sabemos cómo van a hacer las cosas, necesitamos un plan que nos diga cuándo y cómo van a asegurarnos el acceso al agua limpia y la salud”, dice Norberto Bustamante, de Huépac. “El gran pendiente para nosotros es la presa de jales de Grupo México. Aún no sabemos nada sobre la inspección de la presa, y nos prometieron información” –apunta Gloria Simpson, de Bacanuchi. Ambos integrantes de los CCRS coinciden en que “nos parecen positivas las reuniones que hemos tenido, pero ya debemos pasar de los discursos a los hechos”.

Ante pregunta expresa de PODER en “La Mañanera” de hoy, sobre la falta de respuestas concretas de las autoridades federales nuevamente, López Obrador prometió que presentarán un plan el próximo lunes, 23 de diciembre. “Vamos a esperar que nos informen los secretarios que fueron a Sonora y aquí vendrían a presentarles el plan e informarles”. La misma respuesta dio el presidente sobre la pregunta de qué se iba a hacer con el Fideicomiso Río Sonora: “El lunes les informo”. Sobre la presa de jales, López Obrador apuntó: “Si la gente pidió que se cancele esta presa, hay que esperar a que (los secretarios) nos den su punto de vista y esperar qué se puede hacer de conformidad con la ley”.

Los Comités de Cuenca Río Sonora, presentes en la reunión de ayer con autoridades federales, en Ures, Sonora.

Los CCRS esperan que el lunes el Gobierno Federal presente un plan que contemple fechas específicas y acciones claras, “que se nos diga cuándo nos van a dar resultados, porque estamos desesperados”, apunta Norberto Bustamante.

Específicamente, los CCRS exigen un plan que dé certeza a las comunidades sobre:

  • Acciones para garantizar la calidad del agua. Monitoreos independientes en los pozos y potabilizadoras, instalación de las potabilizadoras pendientes y acceso a los resultados de esos monitoreos. Acciones concretas para garantizar que el agua de consumo y de riego no esté contaminada. Fechas concretas para esperar resultados.
  • Acciones para garantizar la salud. Estudios independientes y especializados a lo largo de todo el Río Sonora y acceso a los resultados de esos estudios. Atención especializada en salud en todo el Río Sonora, incluyendo las comunidades más alejadas de Hermosillo, como Bacanuchi. Fechas concretas para esperar resultados.
  • Acciones para garantizar la no repetición. Presentación del dictamen de Profepa sobre la nueva presa de jales de Grupo México e información clara sobre la consecuencias a la empresa, en el caso de que haya violado normas ambientales. Las comunidades exigen la clausura del proyecto. Fechas concretas para resultados.
  • Acciones para garantizar la reparación integral de los daños. Definiciones claras sobre qué medidas tomará el Gobierno ante los incumplimientos del Fideicomiso Río Sonora. Fechas concretas para esperar resultados.

Los Comités de Cuenca Río Sonora estarán muy pendientes de esos anuncios. “Es demasiado tiempo el que ha pasado. Esperemos que no tengamos que esperar mucho más –apunta, para finalizar, Norberto Bustamante-. Pero vamos a insistir las veces que sean necesarias. Vamos a seguir adelante por nuestro río, por nuestra salud”.

López Obrador promete justicia a las comunidades del Río Sonora

  • PODER estuvo en “La Mañanera” y cuestionó al Presidente sobre la falta de acción del Gobierno en el caso Río Sonora.
  • López Obrador se comprometió a que entregaría resultados mañana, 12 de diciembre, en Sonora.
  • Las comunidades están a la expectativa de los resultados prometidos en distintas ocasiones por el Gobierno.

Ciudad de México, 11 de diciembre de 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este jueves 12 de diciembre, durante su visita a Sonora, dará a conocer información sobre el caso de la contaminación ambiental de Grupo México, ocurrida hace cinco años por el derrame de 40 millones de litros de lixiviados de cobre en su mina Buenavista del Cobre, y de la nueva presa de jales que forma parte del plan de expansión de la empresa de Germán Larrea Mota-Velasco.

A la pregunta de PODER, durante la conferencia de prensa de hoy, sobre el atraso en la entrega del dictamen de la inspección de la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa) en Buenavista del Cobre, incluida la nueva presa de jales, López Obrador comentó que: “puede ser que se haya demorado. No es por influencia de nadie. Ya no es lo mismo que antes. Ahora puede ser que tarde la justicia, pero llega”. Puedes ver el video completo aquí.

López Obrador no confirmó si habrá una nueva sanción para Grupo México basada en los resultados del dictamen de la inspección, pero reiteró que “va a haber justicia y que nosotros cumplimos los compromisos”, a la pregunta expresa de PODER sobre cuál era su promesa para las personas afectadas por el derrame de hace cinco años y la amenaza que representa la actual presa de jales.

El mensaje de la comunidad de Bacanuchi a López Obrador. La comunidad es la más cercana a la mina de Grupo México, a apenas 27 km de la nueva presa de jales.

Hay que recordar que en la Reunión Pública de Información en Bacanuchi, el pasado 5 de julio, las comunidades del Río Sonora, agrupadas en los Comités de Cuenca Río Sonora, expresaron a funcionarias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) su indignación por la construcción y funcionamiento de la nueva megapresa de jales en la mina Buenavista del Cobre, a escasos 27 km de Bacanuchi. La presa podría contener más de 50 mil veces la cantidad de desechos que fueron derramados en 2014, en el que se conoce como el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México.

En la reunión de julio, la Semarnat se comprometió con las comunidades a que la Profepa haría una inspección de las instalaciones de la mina para verificar si la empresa está cumpliendo con todas las medidas de prevención y mitigación necesarias. Dijo que entregaría resultados a las comunidades en un plazo no mayor a 45 días hábiles. Las comunidades aún siguen en espera.

Mira el reciente especial de PODER sobre la nueva amenaza de Grupo México y la crisis del agua en Río Sonora.

En ocasiones anteriores, el Presidente también se comprometió a que el secretario Toledo iría personalmente a la región del Río Sonora para escuchar a las personas afectadas por Grupo México, pero hasta la fecha eso tampoco ha sucedido.

Los Comités de Cuenca Río Sonora son un movimiento social conformado por personas afectadas por el derrame de Grupo México (2014), en siete municipios. Llevan más de cinco años luchando por justicia, remediación y la no repetición de esta tragedia.

Mensaje de Gloria Simpson en el Foro de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ginebra, Noviembre de 2019

Buenos días, mi nombre es Gloria Simpson, representante de los Comités de Cuenca Río Sonora. Soy de la comunidad de Bacanuchi en el estado de Sonora, México.

Los Comités de Cuenca nos comenzamos a organizar para pedir justicia por el peor desastre que causó la minería en México, ocurrido en 2014. Fue un derrame de sustancias tóxicas en el Río Sonora causado por una mina de Grupo México, la tercera productora de cobre más grande del mundo. Se calcula que este derrame afectó a más de 22 mil personas en 7 municipios. Germán Larrea, el dueño de Grupo México es el segundo hombre más rico del país.

Lo que nos pasó en 2014 NOS CAMBIÓ LA VIDA a todas las personas que vivimos en el Río Sonora.

Los tóxicos en el río envenenaron el agua y la tierra. También nos quedamos sin acceso a agua potable. El derrame afectó nuestra salud, la agricultura, la producción de alimentos, la economía y todos los aspectos de nuestra vida.

A CINCO AÑOS nos han negado nuestro derecho a la información, no ha habido reparación de los daños y no nos han asegurado que esto no va a volver a suceder. El Gobierno y la empresa crearon un famoso fideicomiso que supuestamente iba a reparar los daños, y que no cumplió con lo básico que era darnos acceso al agua potable, atención a la salud y reactivación económica.

La segunda parte de esta historia empieza poco tiempo después de este derrame, cuando Grupo México nos cambió de un día para otro el camino de acceso a Bacanuchi y allí nos dimos cuenta que la empresa estaba construyendo una enorme presa de jales a 27 km de nuestra comunidad.

Para que se den una idea la comunidad de Bacanuchi cabe 138 veces en esa presa. La estructura puede contener 50 mil veces más desechos tóxicos que los que se derramaron en 2014.

La presa es una pesadilla para nosotros. Vivimos con miedo, nos sentimos inseguros y nos quita el sueño, literalmente. Si esa presa se rompe, nuestras comunidades prácticamente desaparecerían.

Les cuento también que personas de la comunidad de Bacanuchi logramos un juicio, el cual llegó a la Suprema Corte. Ese juicio se ganó. Fue histórico porque por primera vez en México se reconoció el derecho a la participación de una comunidad en asuntos ambientales.

Este año, gracias a esta sentencia, hemos tenido reuniones informativas con la autoridad ambiental, pero a pesar de eso, no han hecho lo que esperábamos: no han parado la presa. La presa está en funcionamiento y está llenándose.

Tampoco nos han dado la información sobre la calidad del agua, ni sobre nuestras condiciones de salud. ¡Ya pasaron cinco años!

El Gobierno actúa como si todo estuviera bien. De hecho, está promoviendo que se incentive la actividad minera en la zona.

Hace unos días, se hizo público que el centro médico que estaba prometido para atender la salud después del derrame, y que quedó en obra negra, ahora se entregó para las instalaciones de la Guardia Nacional.

A mí me preocupan nuestros niños, que siguen tomando el agua de la llave y que no sabemos si esa agua sigue contaminada. También nuestros animales están desprotegidos. Nuestra tierra ya no rinde como antes y casi no podemos cultivar. Y otro dato importante: nuestra salud se ha deteriorado.

Hay muchos más casos de cáncer, de asma, de problemas de la piel y problemas digestivos.

Exigimos información por parte de la empresa y del gobierno, también que se hagan estudios independientes que nos aseguren que la región ya no está contaminada. Exigimos total transparencia y disponibilidad en el manejo de esa información.

Exigimos que nos informen cuáles son los impactos potenciales de la minería, para que nosotros podamos decidir si queremos minería en nuestros territorios.

Exigimos que hagan valer nuestra voz y que se nos garantice la participación efectiva de las comunidades que pueden ser afectadas por este tipo de proyectos.

Nuestra principal exigencia actual es que se cancele esa enorme presa de jales que les comenté.

No la queremos.

Si antes ya pasó una tragedia con el derrame, ¿Qué garantía tenemos de que una tragedia mayor no vuelva a suceder?

Mi historia seguramente se parece a muchas de las que pueden tener las personas defensoras que están hoy aquí. Mi historia, tristemente, es la historia de las comunidades luchando contra las grandes empresas.

Por eso me atrevo a pedir que esta historia no se repita nunca más en México, Latinoamérica, ni en ningún lugar del mundo.

¡No queremos la presa!

Pronunciamiento ante la noticia de que Grupo México entregará a la Guardia Nacional el centro de salud para atender a las víctimas del derrame

Quienes formamos parte de los Comités de Cuenca Río Sonora manifestamos nuestro repudio e indignación ante las autoridades y Grupo México por esta lamentable decisión de otorgar en comodato, por 20 años, las instalaciones de lo que sería, para nosotros y todos los habitantes del Río Sonora, el lugar donde nos atenderían los problemas de salud.

Sobre todo, nos sentimos traicionados, porque esperábamos una respuesta diferente después de la visita que hicieron las nuevas autoridades de SEMARNAT y PROFEPA por nuestras comunidades.

Exigimos realmente JUSTICIA YA para el Río Sonora.

Río Sonora, 11 de noviembre de 2019